Los rescoldos de una explosión que marcó a la ciudad de Rosario: se inaugura el memorial para recordar a las víctimas

El 6 de agosto de 2013 se produjo la mayor tragedia de la historia de la ciudad. Un total de 22 personas perdieron la vida, 60 personas heridas e incalculables daños materiales. Se cumplen once años de la explosión del edificio de calle Salta 2141, cuando a las 9.15 una fuga de gas provocó el colapso de las dos torres ubicadas en pleno centro rosarino.

Para conmemorar la fecha, el Gobierno de Santa Fe inaugurará un memorial en el lugar donde ocurrió el hecho. Desde este martes, efuncionará un “espacio cultural y educativo de la memoria y la música”. El proyecto lleva varios años de proceso, ya que en 2019 el Gobierno provincial firmó con los dueños de las viviendas siniestradas los convenios de compra de esas propiedades. Aunque las actividades y la programación comenzarán en septiembre. A partir de allí se iniciará la segunda etapa de la obra, que es la de la finalización de la escuela provincial de música, el Profesorado N° 5932 “Carlos Guastavino”.

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El lugar

El edificio contempla la construcción de dos bloques de cuatro y seis pisos y un subsuelo. El cuerpo delantero del edificio tiene seis pisos, azotea, planta de tanques y sala de máquinas para ascensores y una altura aproximada de 33,70 metros. A su vez, el bloque posterior posee cuatro pisos y azotea, con una altura aproximada a los 26 mts. El edificio cuenta con doble altura en planta baja de seis mts.

Durante un recorrido por el lugar días atrás, en diálogo con Conclusión, Susana Rueda, ministra de Cultura de Santa Fe, indicó que “uno siempre tiene la huella del dolor y el escalofrío que se siente haber podido ver de afuera el desastre que ocurrió acá, que fue la peor tragedia de la historia de Rosario, pero a la vez también una reparación para los familiares, qiuenes están muy conformes con la decisión de que arriba funcione la escuela artística, de música, para permitir la circulación de jóvenes y la música sonando, con el poder reparador que tiene”.

La causa

Once personas fueron enjuiciadas, entre ellas personal de Litoral Gas, los administradores del edificio que contrataron los servicios del gasista Carlos García y su ayudante. Todos fueron absueltos a excepción de García, quien fue condenado a 4 años por estrago culposo agravado. Desde abril de este 2021, tras una resolución de la jueza de Ejecución Luciana Prunotto, García cumple la condena en su domicilio por cuestiones de salud.

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La familia de Débora Gianángelo fue la única que quedó como querellante en la causa judicial. A once años de la tragedia, su hermano Adrián, denunció que “la justicia falló al absolver a los culpables, negándonos cualquier sentido de paz y justicia”.

Familia Gianángelo durante el juicio

“La impunidad no la vamos aceptar.  No hay palabras para expresar la injusticia que sentimos al saber que los culpables gozan de libertad mientras nuestra hermanita Débora ya no está. Nuestra lucha por justicia no cesará hasta que se haga valer la vida de mi hermana y se responsabilice a aquellos que le arrebataron el futuro”, manifestó la familia que presentó la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la misma línea, sobre el fallo, Marcela Nissoria, esposa de Hugo Montefusco en su momento había declarado: “Los volvieron a matar a los 22, a quitarle las esperanzas como en aquel 6 de agosto a todos los familiares. Es un sabor amargo, una tristeza profunda, creíamos que este fallo nos iba a traer paz. Perdimos nuestros proyectos de vida, además de la persona que murió”.

Los hechos

De acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscal Graciela Argüelles (fallecida en enero de 2022) durante la instrucción, la explosión fue consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista matriculado que trabajaba en el lugar al personal de la empresa Litoral Gas y a los administradores del consorcio.

Ante un problema de pérdida de gas en el edificio, el 25 de julio de 2013 asistió el gasista José Allala, quien procedió “al accionamiento de la válvula de bloqueo para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado solo personal de la licenciataria Litoral Gas”, señala el procesamiento. De acuerdo a la causa, frente a la persistencia del problema los administradores del consorcio informaron a los propietarios e inquilinos que debían colocar dos reguladores de gas para una mejor provisión del fluido.

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Unos días después, el 2 de agosto durante una reunión de consorcio, otro gasista contratado por la administración, Carlos Osvaldo García, explicó que “era más económico colocar un regulador de 100 en lugar de dos de 50, como asimismo que no debía realizarse obligatoriamente para la rehabilitación del servicio una inspección en todas y cada una de las unidades habitacionales del edificio”, algo contrario a las normas.

El gasista Carlos López, único condenado

García y su ayudante Pablo Miño cambiaban el regulador el 6 de agosto de 2013 cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, aunque alcanzaron a escapar corriendo.

Marcela Nissoria, una de las impulsoras de la Asociación Salta Solidaria, con la que ayudaron a juntar donaciones para comedores y merenderos, entre otras acciones, afirmó en uno de los aniversarios que “no fue un escape de gas solamente, fue un acto de corrupción”.