Por Florencia Vizzi y Alejandra Ojeda Garnero
Hoy se cumplen dos años de la peor tragedia que enlutó a la ciudad -donde la Bandera Argentina permanecerá a media asta en señal de duelo- , y de mayor dimensión que se recuerde, donde perdieron la vida 22 personas en un siniestro que pudo haberse evitado.
Negligencia, desidia, falta de inversión, fueron algunos de los causales de la explosión del edificio de calle Salta 2141 el 6 de agosto de 2013.
Luego de transitar dos largos años, Graciela Argüelles a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nº 11 y quien impulsó la investigación relata el estado de la causa y los detalles de cómo se transitaron estos dos años.
En principio, “se terminaron de realizar las acusaciones de los querellantes constituidos en la causa y también de la fiscalía y está próxima a ser remitida por la jueza Irma Billotta al Juzgado de Sentencia que por turno, corresponde para tramitar el juicio”.
La fiscal aclaró que “la causa de calle Salta 2141 tramita por el viejo sistema, pese a que el deseo de los familiares de las víctimas sería que se tramitara por el juicio oral. Nosotros lamentablemente tenemos que manejarnos con la ley que regía al momento en que ocurrió el hecho que fue el 6 de agosto del 2013 y el Código nuestro se reforma en febrero del 2014 que establece para todos los delitos el juicio oral, en cambio el Código anterior establecía el juicio oral solamente para determinados delitos y no está comprendido el estrago, de modo que va a tramitar por el juicio escrito”.
La elevación a juicio comprende el procesamiento de once personas “que van a ir a juicio, y son “el gasista Carlos Osvaldo García, de 64 años, gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, 31 años, ayudante de García, Gerardo Luis Bolaño, 43 años; Guillermo Oller, 35 años y Luis Curaba de 65 años, inspectores de Litoral Gas. Además de Claudio Tonucci, 57 años, jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas; Viviana Beatriz Leegstra, 54 años, gerenta técnica de Litoral Gas. Por otra parte, los administradores del consorcio Carlos Rapuppili, 54 años; Mariela Cavillo, 43 años y Norma Bernarda Bauer de 69 años. También fue procesado José Luis Ayala, 45 años, gasista que intervino el 25 de julio para reparar el gabinete de gas”, detalló la funcionaria.
En este punto es importante aclarar que los tres inspectores de Litoral Gas procesados son quienes tuvieron distintas intervenciones los días previos a la tragedia, los días 25 y 26 de julio y 2 de agosto de 2013.
La causas de la explosión fueron determinadas en “las pericias técnicas que realizaron los especialistas que arrojaron resultados que indicaron que en principio se generó un escape de gas que provocó el gasista al trabajar con la llave, es decir con la válvula de servicio que estaba dentro del gabinete”, y también “por los testimonios y por la declaración del propio gasista”, aclaró la fiscal.
En la cadena de negligencias la fiscal Arguelles indica que “hubo reclamos anteriores y fueron muy mal receptados por el personal de Litoral Gas, porque se había proyectado reacondicionar la instalación de las válvulas a la nueva normativa, es por ello que el 25 de julio llega al edificio el primer inspector de la empresa a raíz del llamado de una vecina que indica que hay poca presión de gas. Este inspector verifica las pérdidas, atiende ese reclamo y corta el suministro pero al día siguiente es restablecido, lo cual configura un error de la empresa, al no verificar el reclamo de la poca presión de gas, lo que implicaba el mal funcionamiento del regulador y a la vez no verificar que la llave de corte era una llave vieja y era dificultoso abrir y cerrar.
En esa circunstancia “cuando García va a trabajar encuentra la llave abierta e intenta cerrarla y no puede, por lo tanto tendría que haber llamado a la empresa par que cierre la llave, el intenta cerrarla y no puede e intenta cerrar llaves parciales de los medidores”
Es allí cuando “empieza a manipular el regulador del edificio, con la llave de paso abierta, y se produce el desacople de una rosca, se desencaja y comienza la salida del gas”.
“ante ese escape de gas, García lo único que hace es sal ir corriendo subir a su camioneta para intentar comunicarse con la empresa y al mismo tiempo ir a buscar alguna cuadrilla, que luego encuentra en España y San Lorenzo”.
En tanto, “mientras realizaba esas acciones no avisó a los vecinos, no cerró la puerta lo que provocó que el gas se propague por toda la torre central, para luego encenderse, probablemente por una chispa eléctrica, lo cual produce la explosión”.
En base a este argumento se procesaron las once personas por el delito de estrago culposo y a cada una de ellas con distintos grados de responsabilidad penal.
La última novedad en la causa es que el pasado viernes se constituyó como querellante el esposo de Luisina Contribunale, Santiago Piaggio lo cual demoró una semana la remisión, por parte de la jueza de Instrucción Irma Bilotta al Juzgado de Sentencia Nº 6 donde recayó la causa para ser juzgada.
Por lo tanto, los querellantes que continúan en la causa son: los padres de Stefanía Magaz, padres y hermano de Débora Gianángelo, la mamá de Carlos López, la viuda de Hugo Montefusco y los padres de Santiago Laguia, víctimas fatales del siniestro.
Por otra parte, cuatro personas se presentaron como querellantes por daños materiales, y una víctima por lesiones físicas y psíquicas.
En relación al reclamo de los familiares respecto a la falta de procesamiento para los responsables de la empresa Litoral Gas, específicamente el gerente general Conrado Bianchi que ejercía funciones en el momento del estrago, la fiscal aclaró que “se le tomó declaración informativa a los pocos día de la tragedia y en base a ese testimonio y a las pruebas que los fiscales colectamos no arribamos a pruebas para imputarlo, lo cual no significa que puedan solicitarlo los querellantes de forma exclusiva”.
“Si se puede recalcar que la empresa tiene un deficiente funcionamiento, porque desde que fue privatizada, hace más de veinte años, no tuvo una reestructuración, no se adecuó a las exigencias y a los requerimientos del crecimiento de las ciudades, al aumento poblacional y de edificios y al mantenimiento de la red”
Todas las otras irregularidades pueden continuar su curso, realizarse nuevas investigaciones y queda la puerta abierta para posibles nuevas imputaciones, nada está cerrado.
Pero lo importante, remarcó la fiscal “esto que tenemos no lo perdamos, es la única manera que tenemos de llevar a juicio a los once procesados y yo entiendo que tenemos que empezar a concluir etapas y sancionar. La respuesta tiene que ser conclusión y sanción”.
La tragedia de calle Salta 2141 se produjo el 6 de agosto de 2013, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el gasista que manipulaba el regulador de gas en el edificio de tres torres, y la rotura de un caño provocó un escape de gas que desató una explosión donde se precipitó la torre central terminando con la vida de 22 personas:
Hugo Montefusco, 56 años; María Esther Cuesta, 92; Juan Natalio Pennice, 70; Ana Rizzo, 65; Carlos López, 40; Débora Gianángelo, 20; Adriana Mattaloni, 57; María Emilia Elías, 28; Estefanía Magaz, 21; Domingo Oliva, 76; Florencia Caterina, 27; Soledad Ulián Medina, 31; Federico Balseiro, 30; Maximiliano Vesco, 29; Roberto Daniel Perucchi, 68; Teresita Babini, 67; Maximiliano Fornarese, 34; Eraselli Clides Ceresole, 78; Lydia D’Avolio, 86; Santiago Laguia, 25; Luisina Contribunale, 34 y Beatriz López, 69.
