Esta semana ingresó al Concejo un proyecto de la concejala del Frente de Todos-PJ, Norma López, que busca impulsar la creación de la Policía Municipal de Rosario (PMR). La iniciativa apunta a la conformación de una fuerza local con personal nuevo y una estructura acorde, todo a cargo de la Intendencia. El texto identifica causantes de la problemática actual, expone argumentos a favor de la creación de una policía municipal sin previa modificación de la Constitución Provincial y fija las tareas específicas a las que estarían abocados los efectivos.
El proyecto no es nuevo. Ya había sido presentado en 2014 por la misma fuerza política, con el entonces concejal Roberto Sukerman a la cabeza (hoy a cargo del Ministerio de Gobierno provincial). La idea volvió a tomar impulso formal tras el aumento de los niveles de violencia y, puntualmente, el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, con multitudinarias movilizaciones en pedido de justicia.
«Reingresamos ese proyecto a partir de los hechos de público conocimiento: el aumento a niveles exorbitantes de la violencia y los asesinatos que ya no tienen un número. En ese marco también el intendente de nuestra ciudad, Pablo Javkin, pidió al gobernador la posibilidad de poder tener una policía propia para que pudiera comandarla porque no tiene posibilidades de incidir en el diseño de seguridad para Rosario», contó López en diálogo con Conclusión.
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Los considerandos de la iniciativa que ingresó al Palacio Vasallo identifican a la inseguridad como «un problema grave», con «conflictividades complejas», que actualmente es «la principal preocupación de la ciudadanía». Un escenario en el que los principales reclamos llegan a las autoridades políticas más cercanas, los gobiernos locales, que -entienden- cuentan con una capacidad limitada para brindar respuesta.
Desde el bloque del Frente de Todos-PJ sostienen que este surgimiento de conflictividades en materia de seguridad pública responde de manera directa e indirecta a diversas cuestiones fundamentales, como los procesos de desigualdad y marginalización de amplios estratos bajos y medios-bajos en las grandes urbes; las deficiencias institucionales; y la proliferación de grupos violentos vinculados al narcotráfico, que disputan la hegemonía del territorio, entre otras.
«En ese marco, creemos que esto puede ser una gran herramienta. Se trata justamente de la delegación de la provincia de Santa Fe al municipio de Rosario de las funciones para que el intendente o la intendenta sean los jefes de la Policía», planteó López, quien ingresó la iniciativa junto a su compañero de bancada, Eduardo Toniolli.
¿CÓMO SERÍA?
El proyecto puntualmente busca crear por ordenanza la Policía Municipal de Rosario, una institución pública, armada, especializada y profesional que tenga bajo su responsabilidad la seguridad preventiva local, dentro del ámbito territorial del municipio, frente a la comisión de delitos y faltas. Dicha fuerza estaría institucionalmente subordinada al intendente, a la vez que adecuaría su desempeño a las normas emanadas del Concejo Municipal. Además tendría dependencia orgánica, funcional y operativa del Departamento Ejecutivo.
Según el artículo 5 de la iniciativa, el Concejo establecería la estructura orgánica, bases profesionales, sistema educativo e instancias de control de la PMR.
Un punto a tener presente es que la Policía Municipal se crearía con personal policial, estructura nueva y con el traspaso de patrimonio, bienes, recursos y créditos presupuestarios de las unidades organizativas de la Policía provincial, según lo determinen los convenios específicos.
«La Municipalidad de Rosario y el Poder Ejecutivo provincial pueden elaborar los convenios necesarios para el funcionamiento de la PMR, previendo los aspectos técnicos, operativos y presupuestarios requeridos. Los convenios deben prever las transferencias de competencias, necesidad de asistencia técnica y demás aspectos conducentes a la operatividad y organización de la PMR», señala el texto.
«Le pedimos a la provincia de Santa Fe la delegación de estructuras administrativas y económicas hasta que Rosario pueda abonar a tener una estructura propia y ya consolidada: con una escuela de policía que forme a estos agentes policiales. No podemos permitir que sean sacados de la Policía provincial para incorporarlos acá porque estaríamos haciendo la frazada corta. Son perfiles diferentes», explicó la concejala justicialista.
La prevención policial a cargo de la PMR abarcaría las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar la comisión de los delitos y faltas dentro del ámbito jurisdiccional del municipio. «En cuanto a las funciones policiales que conlleven o impliquen el uso de arma de fuego, la PMR puede hacer uso exclusivamente del armamento reglamentario provisto y únicamente puede portar o utilizar dicho armamento durante la prestación del servicio, el que debe ser entregado al comienzo de la prestación y que debe ser retirado a la finalización del mismo», especifica.
En caso de aprobarse la iniciativa, el Intendente Municipal ejercerá la dirección superior (a través de un Director General designado con acuerdo del Concejo) y la administración general de la PMR. Asimismo, el titular del Ejecutivo tendrá a cargo la creación y organización de un instituto de selección de candidatos a policías y de capacitación del personal. La constitución de dicha institución también tendría paso previo por el análisis del cuerpo legislativo local.
El Intendente también fijaría los cupos de ingreso para cada año lectivo y aprobaría los contenidos y procedimientos de las pruebas de aptitud con las condiciones físicas, psíquicas y profesionales básicas.
Por otra parte, el proyecto fija que la planta de personal policial y de apoyo de la PMR debe conformarse con integración de mujeres en una proporción no inferior al treinta por ciento (30%), computada sobre la totalidad del personal permanente, temporario, transitorio o contratado.
EL PROYECTO COMPLETO
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¿SE PUEDE HACER?
Al conocerse la propuesta, surgieron cuestionamientos en torno a si puede avanzarse con la conformación de una policía municipal sin una modificación previa de la Constitución Provincial. Los autores de la propuesta no le escapan al debate y plantean sus argumentos. En el texto recuerdan que a partir de 1994 la Constitución Nacional da el mandato expreso a las provincias de reconocer y asegurar la autonomía municipal. Aun así, Santa Fe no ha adaptado su régimen municipal a tal precepto.
«La autonomía municipal no solo puede asegurarse por Constitución Provincial, sino que también puede hacerse por sanción de una ley especial, o bien cada Municipio puede ir asumiendo facultades de carácter autonómicas e ir dictando la normativa municipal pertinente, debiéndose necesariamente establecer los mecanismos de coparticipación y colaboración entre Provincia y Municipio mediante convenios particulares», argumentan los ediles justicialistas.
El bloque de concejales admite que el planteo de consagrar y asegurar la autonomía no les es ajeno. Asumen que la mejor respuesta para asegurar la autonomía es plasmarla en la Constitución provincial, sin embargo los años pasaron y la reforma no llegó. Ante esta omisión legislativa constituyente, los ediles también señalan que podría avanzarse igual con una ley provincial que regule los alcances. Sería la segunda mejor herramienta a disposición, pero la Legislatura provincial tampoco avanzó por ese sendero. «Queda por último entonces, a tenor de las omisiones descriptas, que los Municipios adopten decisiones autonómicas que sean consecuencias de sus facultades de autonormarse y gestionarse sin intromisión del Estado provincial», afirmaron.
«Que no tengamos autonomía no es por falta de jurisprudencia ni por el debate en torno a si debe implementarse por reforma constitucional o por proyecto de ley. Creemos, e incluso lo hemos presentado así hace un tiempo atrás con Sukerman, que la ordenanza se haga a partir de un proyecto de ordenanza», dijo López ante Conclusión.
Y agregó: «No es por ninguna otra cosa, es por falta de decisión y acuerdo entre todos los partidos políticos. Necesitamos avanzar. Por ejemplo, la salud pública, que está a cargo del municipio pero en realidad lo fundante es que es una responsabilidad del gobierno provincial. Hay también otras experiencias, mínimas, de la época del entonces intendente Héctor Cavallero, que creó algunos jardines municipales, cuando la educación también es responsabilidad de la provincia».
Según se plantea en los considerandos de la iniciativa, es sabido que la competencia de los órganos y entes de gobierno no se limita estricta y exclusivamente a lo que figura en las normas de creación. Si así fuera, sostienen, la tarea gubernamental quedaría reducida a la poca o mucha imaginación ocasional de cada legislador. Por esa razón es que las facultades que -dice el texto- expresamente confiere la ley se complementan, necesaria e indispensablemente con aquellas que, si bien no están escritas, surgen implícitas de los fines para los cuales ha sido creado un ente o un órgano. «Nacen así los llamados poderes implícitos o inherentes», asienta el escrito para fundamentar la posibilidad de constituir la PMR.
De esta manera, los concejales del bloque justicialista resaltan la necesidad de contar con un amplio consenso para avanzar con la propuesta. «Necesitamos hacer un esfuerzo muy importante. No es la primera vez que lo digo. Siempre bregamos por un acuerdo entre todos los partidos políticos, sin miradas partidarias. Además hay ejemplos claros. Uno es el movimiento de mujeres, que logró unirse ante la violencia, dejando de lado lo partidario y buscando los acuerdos fundamentales. Acá estamos hablando de la vida de las personas. Hay que acompañarnos. La que está en falta en materia de seguridad es la política, no la ciudadanía», cerró López.
