Una ordenanza que aprobó el Concejo Municipal, presentada por el edil Roy López Molina, deja en suspenso las chapas para quienes tienen requerimiento acusatorio por narcotráfico, corrupción, asociación ilícita o lavado, como sería el caso de «Pillín» Bracamonte, y determina la caducidad en caso de una sentencia firme.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves un proyecto de ordenanza que endurece los requisitos y controles para iniciar el trámite por licencias de taxis y remises y mantener o transferir las vigentes al limitar la actividad para quienes tengan antecedentes condenatorios o causas avanzadas por delitos complejos como lavado de activos, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita.
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Con la nueva normativa, se deberán suspender las licencias de taxis incluidas en la causa penal que tiene como imputado al jefe barrabrava, Andrés «Pillín» Bracamonte, si se formula y acepta la acusación.
El proyecto surgió justamente tras el caso de Bracamonte. Luego de su pedido de informes por las declaraciones públicas de su abogado defensor sobre su actividad para justificar dinero encontrado en un allanamiento, el fiscal Miguel Moreno lo imputó por lavado agravado e incluyó seis chapas del servicio público a nombre de terceros bajo la sospecha de ser parte de las maniobras. Estimó, además, el valor de cada una en una cifra superior a los 20 mil dólares.
Herramientas de control
La ordenanza que impulsó López Molina, presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, busca evitar que el crimen organizado pueda lavar dinero a través del servicio público de taxis.
Para diferenciar la nueva reglamentación de la vigente, el vicepresidente del Concejo Municipal explicó que «la actual exige sólo la presentación de un certificado de conducta por quien pretende acceder a una licencia, pero nada dispone en el caso de que existan antecedentes penales, quedando en una discreción de la autoridad de aplicación otorgar o no la licencia solicitada. Ahora sí será necesario verificar los antecedentes de titulares y mandatarios«.
«No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad. Debemos brindar transparencia y herramientas suficientes para el control, pero también garantizar al usuario que utiliza el servicio la tranquilidad de tener una fiscalización real sobre quienes son los titulares de las licencias y su idoneidad», argumentó el titular del bloque Cambiemos.
La ruta del dinero ilegal
La ordenanza establece que «se encuentran impedidos de tramitar licencias de taxis y/ o de remises por sí o por medio de apoderados aquellas personas humanas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al de la condena. También determina la caducidad definitiva de las actuales licencia para casos de delitos dolosos en general».
«Debemos poner un énfasis especial en advertir la existencia de una acusación por alguno de los delitos que definen los operadores judiciales como complejos, como ser lavado de activos, tráfico o comercialización de estupefacientes, contrabando de armas, corrupción y asociación ilícita», dijo López Molina.
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A respecto, el edil explicó que en el caso de un procesamiento (o acusación), «se determina la suspensión de la licencia hasta que se encuentre finalizado el proceso judicial con sentencia firme, donde a partir de allí se procederá a declarar la caducidad de la misma».
«Desde 2013 en adelante la Justicia detectó por ejemplo que Los Monos administraron chapas, Luis Medina un boliche como Esperanto y Coto Medrano realizó operaciones con dólares en pleno centro. Es necesario, desde nuestro lugar, avanzar con firmeza y otorgar herramientas de control para un Estado más moderno. El caso de los taxis y remises es uno de los rubros en el que presuntamente operan organizaciones delictiva», describió.
La ordenanza aprobada contempla convenios del Departamento Ejecutivo Municipal con la Justicia provincial y federal. En la reglamentación se establecerán las condiciones para el cumplimiento efectivo. Tras ello, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión o caducidad, según corresponda, de los titulares que se encuentren comprendidos por las restricciones.
