El conflicto en barrio La Sexta no termina. Por el contrario, esta mañana se produjo un violento enfrentamiento entre los vecinos que se resisten al desalojo de sus viviendas y los policías, que implicó gases lacrimógenos, balas de gomas y piedrazos.

De un lado denuncian represión policial. Del otro consideran se trata de un “grupo violentos de ocupantes” que se resiste “porque sí”.

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“En la mañana de hoy estuvimos cercando el predio para ejecutar viviendas. En el proyecto de transformación de República de La Sexta tenemos que reubicar a 320 familias, para eso tenemos que hacer tres módulos de obras, de los cuales uno ya está iniciado y otro es este predio que era propiedad de la Universidad y lo cedió al gobierno de la provincia, y lo que fuimos a hacer hoy fue cercar el predio para iniciar la obra”, explicó en diálogo con Conclusión, el secretario de Estado del Hábitat de la provincia, Diego Leone.

En ese sentido, el funcionario aseguró que se trata de un grupo de “ocupantes irregulares porque no tienen ningún poder, ningún documento que avale que tienen que estar en ese lugar”, refiriendo al centro comunitario que hoy se puso en cuestión.

“Desde febrero que presentamos el proyecto hay un grupo que resiste sistemáticamente y no sabemos con qué fines, con qué consistencia, desde qué posición se paran y estamos evaluando si hay algún origen que hace que esta gente se oponga constantemente”, manifestó preocupado y agregó: “Encontramos una resistencia, que no tenemos claro, pero supuestamente hay una fuerza política minoritaria atrás, incitando a este tipo de cosas, o gente que está a la pesca de una situación que pueda apropiarse de algo que no es suyo”.

Luego recordó que a todas las familias que ocupaban estos terrenos se les ofreció una vivienda o un sitio en el mismo lugar para ser reubicadas “porque vamos a ejecutar viviendas que son para los propios vecinos del barrio y ellos insisten que estas obras son para una especulación inmobiliaria, y eso no es así”.

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“Las viviendas que se van a ejecutar tienen un solo fin que es para reubicar a las familias que estaban en esos propios terrenos o las que están en la barranca, que viven en un asentamiento irregular, informal, en un grado de deterioro constructivo muy grande, sin ningún tipo de servicio y estos ocupantes lo que hacen es impedir este proyecto. Y la realidad es que el resto y la mayoría de las familias del barrio quieren que el proyecto siga adelante”, aclaró contundente Leone.

Lo cierto es que tanto unos como otros están firmes en su postura y no muestran intenciones de ceder en sus posiciones, lo que hace difícil vislumbrar una solución concreta entre las partes.

“La instancia de diálogo no la agotamos, si bien tuvimos seis reuniones prolongadísimas en el tiempo, donde en dos o tres oportunidades lo hicimos delante de una jueza, vamos a seguir insistiendo sobre esa instancia y después si no se resuleve, hay un proceso judicial que cuando hay una usurpación determina cómo se actúa”, dijo Leone.

Consultado sobre la cautelar con un amparo presentada por los vecinos ante la justicia, Leone precisó que “el amparo puede paralizar la obra una vez que un juez dicta sentencia y en este caso la jueza nunca sentenció por lo que podemos seguir trabajando”. Además señaló que “la jueza no pudo cerrar el amparo porque el abogado defensor renunció a la causa y sin abogado no puede haber sentencia”.

“El centro comunitario y otras viviendas que están ocupando, no las tocamos. Pero no podemos permitir que un grupo minoritario de ocupantes resista un proyecto porque sí”, disparó indignado y advirtió que seguirán con las instancias judiciales porque “no podemos permitir como fue hoy a la mañana que llegamos a trabajar como en cualquier obra que un grupo de vecinos a piedrazos impida que algo se haga. Es de ahí que viene la policía a custodiar a los trabajadores. No podemos permitir que los trabajadores sean sometidos por un grupo violento”.

“La realidad es que es un capricho que estas personas están siguiendo”, finalizó.