Por Guido Brunet
Si bien los precios solicitados para el alquiler de una vivienda varían dependiendo de la cantidad de ambientes, ubicación, categoría o servicios que ofrece la misma, la ONG Concejalía Popular afirma que en todos los casos el valor promedio solicitado para alquilar se ha incrementado notablemente.
Según datos de diciembre de Concejalía Popular, a los que accedió Conclusión, los alquileres subieron un promedio de un 32% en los últimos doce meses, superando de esta manera ampliamente la inflación, que según el Indec fue de 25%.
Ariel D’Orazio, miembro de Concejalía Popular, del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y del Frente de Inquilinos Nacional (FIN), comentó a Conclusión: “Claramente los alquileres le ganaron a la inflación y a las paritarias complicando cada vez más a los inquilinos, que destinan un porcentaje cada vez mayor al alquiler”.
D’Orazio además, señaló que en el relevamiento no se incluyen servicios ni expensas, por lo que el gasto del inquilino es aún mayor. De esta manera, “una familia tiene que hacer dos salarios para solventar el alquiler”, estimó el referente de Concejalía Popular.
“Comparando el costo del alquiler de un departamento de dos dormitorios en el centro y los ingresos promedio de un empleado en Rosario, el 50 por ciento del salario se vería afectado”, destacó D´Orazio
Los aumentos se dieron, en mayor medida sobre el primer semestre del año, alcanzando cerca del 20% para los primeros 6 meses, con una leve desaceleración en los últimos 180 días del pasado año.
El informe de la ONG tiene como objeto realizar un seguimiento de los valores de las locaciones de inmuebles destinados a viviendas en Rosario en el último año. Los datos reflejan los costos de los arrendamientos del mes de diciembre de 2017 y una comparación con los valores de los meses de diciembre de 2015 y 2016.
Para generar este estudio se ha tomando como referencia una contratos locativos de distintos barrios de la ciudad con los que se realiza un seguimiento desde hace 14 años, y los ofrecidos en los anuncios publicitados en periódicos, revistas y otras publicaciones de la ciudad, en los lapsos de tiempo antes especificados.
Precios
Un departamento de un dormitorio en la ciudad en 2015 costaba $3830, en 2016 pasó a costar $4991 y en 2017 el costo fue de $6593. O sea, se registró un aumento del 32,09% en el último año, y un 73,04% desde 2015 a esta parte.
Por su parte, un departamento de dos dormitorios en 2015 costaba $4792, al año siguiente, $6268 (aumento del 31,30%) y en 2017 costó $8230. Entonces, se produjo un incremento del 71,74 en dos años.
La ONG recuerda que hasta el 31 de enero se puede completar on line la Primer encuesta Nacional de Inquilino en https://inquilinos.typeform. com/to/Sb5Wc4
Propuestas
“Teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, los mismos no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, la cual es impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe intervenir para restablecer el equilibrio económico”, destacan desde Concejalía Popular.
Con respecto a esto, D´Orazio indicó: “Entendemos que es importante crear un registro de la vivienda ociosa, y que se genere una presión fiscal sobre esa vivienda. Además, es fundamental que el estado construya vivienda de alquiler como en otros países. Son sistemas que han tenido éxito en Francia, Noruega y otros lugares”.
Por eso, apoyan la ley Nacional de Alquileres, que cuenta con media sanción del Senado. En principio, los contratos de alquiler para vivienda pasarían a tener un plazo mínimo de tres años.
En segundo lugar, el régimen de actualización de precios, cuando el contrato las incluya, se adecuaría a un promedio entre en índice de precios y el de salarios. En tercer lugar, los inquilinos no pagarían las expensas extraordinarias ni los impuestos que gravan la propiedad. En cuarto lugar, la devolución del depósito se haría con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.
La Ley también permitiría bajar sensiblemente los gastos de Comisión u Honorarios Inmobiliarios que hoy afrontan los inquilinos.
“Creemos que éste es un gran paso para los más de seis millones de inquilinos (estudiantes, profesionales y asalariados) en todo el país. Y que, al mismo tiempo, sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generen condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir”, destacaron.
La entidad proyecta un registro Único de Contratos Locativos y que la Comisión la pague el dueño. Además, impulsan la creación de un organismo municipal que facilite al acceso a un Alquiler Justo, evite los abusos del derecho entre las partes, amplíe con el sector cooperativo y mutual el Fondo fiduciario con el Banco Municipal para solucionar el problema de las garantías, controle y regularice las pensiones.
Un Registro Provincial de la Vivienda Ociosa, el cual tiene como finalidad “poner un freno a la especulación inmobiliaria reinante en nuestras ciudades y dar a conocer quiénes son los titulares de viviendas ociosas, y aplicar así un impuesto progresivo a los especuladores”.
Se busca también la conformación de un Fondo Especial para la Construcción de Vivienda en Alquile y un programa Municipal de Ayuda al Inquilino Adulto Mayor, para aplicar cánones locativos acorde a lo percibido por los jubilados o pensionados.
