Estacionamiento medido y transporte urbano son dos de los sistemas cuyas licitaciones suelen generar debates y controversias, tanto por la importancia que tienen en la estructura urbanística de la ciudad como por involucrar contratos altos y complejidades legales de alto rigor técnico.

Por estos días ambas cuestiones cobran relevancia en el Concejo Municipal rosarino por un proyecto de decreto y un pedido de informes dirigido al municipio.

Por un lado un grupo de concejales presentaron una iniciativa, analizada este martes en la comisión de Obras Públicas en el Palacio Vasallo, para que se quite una cuadra en especial del pliego de licitación de estacionamiento medido votada en 2017, e incluyó por primera vez a motocicletas.

Se trata de calle Mitre al 500, entre San Lorenzo y Urquiza, y la iniciativa surge a raíz de un pedido hecho por parte de trabajadores de las empresas Easy Call S.A y Dynatacphone S.A, por el “perjuicio económico significativo” que resultaría el efectivo cobro de estacionamiento medido para aquellos que trabajan allí y concurren en moto.

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Según un grupo de delegadas gremiales de dichas entidades, quienes hablaron ante ediles en representación de los trabajadores alertaron que “se trata de un sector cuyos ingresos son relativamente bajos” y que “los parquímetros requieren que se renueven los tickets cada hora, y mover la moto al pasar tres horas, lo que resulta imposible por las condiciones de la jornada laboral”.

Los representantes gremiales estiman que el impacto directo en sus ingresos sería relativo al 10%, y además presentaron ante el órgano legislativo local un documento con 1.800 firmas de personas que incluyen a trabajadores de la zona, que se verían afectados por la efectiva implementación del sistema.

Entre los firmantes del proyecto de decreto figuran los ediles de Ciudad Futura (Caren Tepp, Juan Monteverde, Pedro Salinas, Eduardo Trasante), del Frente Social y Popular (Celeste Lepratti), y varios del interbloque “nacional y popular”: Roberto Sukerman, Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli, Marina Magnani, Andrés Giménez y Osvaldo Miatello.

Informes y vencimientos

Por otra parte, el edil Osvaldo Miatello (Compromiso por Rosario), insistió en la comisión de Obras Públicas con un pedido de informes similar a otro ya aprobado en sesiones anteriores en el que insta al Ejecutivo local a informar sobre la situación contractual de la empresa Rosario Bus S. A.

Si bien esa firma es una de las que ganó la licitación del nuevo sistema de transporte que comenzó a regir el último septiembre y se comenzó a implementar gradualmente, según había dicho Miatello a Conclusión días atrás “su contrato anterior venció y ahora le debería tocar otra zona, con otra cantidad, con otra lógica”.

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“Es la única privada que tenemos hoy y no sabemos cual es la relación jurídica que tiene con el municipio, no existe, no hubo prórroga. Lo planteé en el recinto, cuidado que estamos haciendo algo ilegal, si no aparece algún documento o decreto que lo sustente. No son sólo formalidades”, agregó el edil justicialista.

Además, el proyecto de decreto que se despachó en la comisión de Gobierno insta al Ejecutivo a informar “los motivos por los cuales la empresa El Cacique S.A. (otra de las ganadoras de la licitación del nuevo sistema de transporte) pudo presentarse en la licitación del servicio del transporte urbano de pasajeros y resultar adjudicataria de la misma, sin figurar inscripta en el padrón de agentes de cobro”.