Familiares, amigos y allegados de la docente Vanesa Castillo, asesinada el 15 de febrero del año pasado, impulsan la Ley Vanesa. La iniciativa busca la creación de una norma que tenga como interés supremo el cuidado de las infancias y al mismo tiempo la protección de los trabajadores que denuncien la vulneración de los derechos de niños y niñas.
Los familiares de Vanesa Castillo fueron invitados al Concejo, luego de peregrinar durante un año buscando el servicio de justicia que se les ha negado, por la concejala del Frente Social y Popular Celeste Lepratti para que den a conocer su proyecto de Ley Vanesa, impulsado a nivel provincial desde la Asociación Civil Democracia Directa.
Lepratti dialogó con Conclusión y afirmó que «justamente, el Concejo tiene que abrir, habilitar espacios para que podamos conocer, debatir y comprometernos con diversas situaciones. El Estado no se está haciendo responsable de cómo lesiona nuevamente y revictimiza a las víctimas. La situación de quienes claramente se comprometen a dar una mano en estas situaciones como lo hizo Vanesa, quedan desprotegidas».
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Silvia Castillo, hermana de Vanesa, hizo un recorrido exacto de la cronología de los hechos: la maestra fue asesinada el 15 de febrero de 2018 en la puerta de la escuela. Vanesa, en noviembre del año 2017, inició un protocolo de actuación. Una cuestión que era obligatoria para ella porque como docente debe intervenir cuando conoce un caso de abuso sexual. En este caso, tenía una niña de séptimo grado que estaba embarazada de ocho meses. Era muy visible, ya todo el mundo lo sabía, y nadie se animaba a iniciar el protocolo. Vanesa lo hizo.
En el mes de diciembre fue llamada a declarar en la causa del abuso. Después de que la niña ya había declarado en cámara gesell, había dicho quien había sido el abusador, que ya estaba detenido. A Vanesa la llaman a declarar, el Ministerio Público de la Acusación la cita en la escuela. Ella va sola y declara como testigo, cuando ella no lo fue, sólo elevó el informe de que lo que la niña le había contado. Para protegerla, obviamente, lo que ella quería era que termine lo que le estaba sucediendo a la nena.
Después llegó fin de año, Vanesa se tomó sus vacaciones, en febrero retornó en la escuela. El día 14 ella retorna y se entera que la nena ya había tenido el bebé; que ambos estaban bien y que el hermanastro de la nena, que era el abusador, tenía arreglada una condena en un juicio abreviado de trece años de prisión. Cuando ella se enteró, lo festejó. El 15 fue a la escuela y no pudo volver. Había un sujeto, que estuvo el día anterior merodeando la escuela, que ese día estuvo aproximadamente dos horas frente a la puerta del colegio, según testigos que lo vieron. Esperó a que ella saliera, se encaramó a la moto por la parte de atrás mientras ella se ponía el casco para emprender la marcha y con una chuza tumbera le propinó trece puñaladas, dos de ellos mortales. Uno le atravesó el corazón.
«Después de tanto peregrinar un año sin respuestas y con muy poca actividad en la investigación, nosotros decidimos tomar acción por otro lado y fue a raíz de conocer otros casos también, de agentes del Estado provincial que estaban pasando por situaciones de amenaza de muerte y obligados a volver al lugar de trabajo, nos constituimos en una asociación que se llama Asociación Civil Democracia Directa, para proponer este proyecto de Ley Vanesa que es una ley provincial integral de prevención y protección de los menores, de las infancias y de los adultos que intervienen en el develamiento de los abusos del menor y la creación de los organismos de prevención de las víctimas de abuso», relató Silvia.
«Esa es nuestra propuesta de ley, porque tenemos hoy una ley provincial que obliga al agente estatal a hacerse cargo bajo apercibimiento de sumario administrativo si no lo hace, de intervenir e iniciar los protocolos de actuación cuando es anoticiado de la vulneración de algún derecho de los menores. En esto están comprometidos los empleados de salud, de seguridad, de educación y cualquier agente público», siguió contando la hermana de la docente asesinada.
Además contó que los trabajadores que denuncian «no tienen ningún tipo de protección, después de que hacen la denuncia no se les proporciona nada. Aún cuando lo piden, aún cuando las amenazas son concretas y están las denuncias, no son trasladados del lugar de trabajo, se les niega el traslado; no pueden pedir una licencia extraordinaria; tienen que agotar sus licencias ordinarias si es que quieren salvaguardar sus vidas; no pueden pedirla reserva de identidad y también, hoy por hoy pueden ser llamados a declarar por el Ministerio Público de la Acusación en el juicio de la causa iniciada del abusador».
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«Nosotros lo que pretendemos con esta ley es que la ley provincial de protección a las infancias, también proteja. Que sea por ley la protección. Que tengan la reserva de identidad y que sea absoluta; que puedan pedir, si están amenazados un traslado del lugar de trabajo; si están con una amenaza y están obviamente con mucho temor y miedo, a veces no están en condiciones de volver al aula o volver a tratar pacientes en el caso de los psicólogos. Tengo una compañera psicóloga que le está pasando. Que puedan pedir una licencia extraordinaria por eso y no agoten su licencia ordinaria. Lo que necesitamos es que el Estado les brinde protección, cosa que en un año el Estado no tomó nota de esto», enumeró Castillo.
Antecedentes
La secretaria de Asuntos Sociales de Amsafe Rosario, Paula Nardini, acompañó la actividad y contó a Conclusión que «desde Amsafe Rosario empezamos a trabajar con esto en 2011. Elaboramos un protocolo, pero solamente con la regional sexta y no en forma de ley, sino un acuerdo tácito que dice que básicamente: cuando se detecta una situación de vulneración de derechos, el docente o el asistente escolar debe dar aviso a su superior inmediato, al director de su escuela, que dará aviso a su supervisor y dará intervención a los equipos socioeducativos en caso de ser necesario y en el caso de ser necesario una denuncia, la tendrá que hacer la delegada regional, es decir, la representante de nuestra patronal, del ministerio de Educación».
Y continuó: «Esto, que funciona en la regional sexta (Rosario, San Lorenzo y Constitución), solamente es un acuerdo tácito y es para estos tres departamentos. Desde el año 2011 nosotros instamos en cada asamblea provincial que tenemos, a que este protocolo se torne provincial, que no se tome como una cuestión menor y que se prevenga».
