A dos días de que familiares de las víctimas de calle Salta 2141 se manifestaran en las puertas del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), el organismo respondió este jueves con una denuncia penal por «daños e intimidación».
Allí violentaron la puerta para ingresar y pintaron el frente con insultos al interventor, Antonio Pronsato.
La causa aterrizó en Buenos Aires en la oficina del juez federal Nº 7 Sebastián Cassanello, conocido por llevar adelante la investigación sobre el empresario kirchnerista Lázaro Baéz, por supuesto lavado de dinero.
Sin embargo, ésta no fue la primera denuncia que recibieron los familiares de parte del ente regulador. La primera fue radicada en la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, cuyo titular es Mario Gambacortta, por el 6 de noviembre, cuando pasaron la noche en la sede local. Allí, la presentación judicial refirió a intimidación, interrupción de un servicio público, daños y ocupación ilegal.
Dado que Enargás señalaba como responsables de la explosión a los integrantes del consorcio del edificio siniestrado, a la administración y al gasista que trabajó en el momento de la fuga de gas, allegados a las víctimas comenzaron los reclamos contra el organismo.
Además, el pedido de los familiares de retirarle la licencia a Litoral Gas –pese a que se le adjudicó a la prestataria 13 faltas graves y se la multó con 6,5 millones de pesos– fue rechazado, con el argumento de que se trata de una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
