En una misma semana, todos los diarios de Rosario y de tirada nacional publicaron en sus tapas impresas las fotos difundidas de decenas de hombres privados de su libertad en la cárcel de Piñero, emulando las fotos que recorrieron el mundo de los complejos carcelarios del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los dos días subsiguientes fueron marcados por el asesinato de dos taxistas en las calles de Rosario durante la noche, con características escenográficas que permiten hablar de crímenes mafiosos.
Especialistas en criminología y en derecho penal sostienen que estas acciones del estado provincial, “muchas de ellas ilegales”, no sólo no cumplirán con su objetivo, sino que sólo traerán una mayor violencia en las calles.
La abogada penalista, investigadora y docente Claudia Cesaroni criticó estas imágenes difundidas por el gobierno santafesino y afirmó que el gobernador Maximialino Pullaro está avanzando en “una especie de mala copia del bukelismo”: “Estas imágenes de una requisa y una exhibición humillante, brutal, de un grupo de detenidos en la cárcel de Piñeros en Santa Fe es absolutamente preocupante”.
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Según la investigadora, autora del libro “Contra el Punitivismo”, la postura del gobierno reviste de gravedad, en primera instancia, “porque avanza sobre en especie de bukelismo, una mala copia de las prácticas que realiza el presidente Bukele creando un centro de exterminio en el que están alojadas decenas de miles de personas, varios miles de ellas inocentes y luego decretó un estado de excepción”.
La crítica de Cesaroni apunta que la delicada situación del país centroamericano hace que los afectos y parientes de los presos no puedan realizar visitas a sus parientes privados de su libertad, sumado a demás privaciones que tienen los familiares desde la implementación de las medidas de Bukele.
«La idea de copiar algunas de esas prácticas es absolutamente violatoria de nuestra Constitución Nacional”, sostuvo Cesaroni, quien explicó a Conclusión que la Carta Magna determina que las cárceles no serán para castigo sino para seguridad. Además, luego de la reforma de 1994 que incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, el concepto de prisión “amplía el concepto constitucional de para qué son las cárceles en nuestro país y no sólo no son para castigos sino que está planteado que son para la reinserción» de las personas a las que se condena y se priva de su libertad. En este contexto, Cesaroni se pregunta «¿de qué reinserción se puede hablar si se construye sobre la imagen de las personas presas, sin distinción, como enemigos?”
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«Lo que estamos viendo son efectos y amplificaciones de un fenómeno que tiene en Rosario por lo menos 13 o 14 años, con muchas facetas. Por un lado tiene que ver con el mundo del crimen, de la organización de bandas muy violentas y muy rústicas, pero por otro lado con una interacción histórica con lo que es el control del delito», analizó Enrique Font, criminólogo y docente de la Universidad Nacional de Rosario en diálogo con Radio Mitre. Para él, la cuestión de la vigilancia está relacionada con el espiral de violencia porque «tenemos una policía muy ineficiente, muy corrupta, fragmentada incluso e integrada a las bandas. Tenemos un Ministerio Público la Acusación de una fiscalía que tiene estándares de esclarecimiento de homicidios bajísimos se las compara con, por ejemplo, la provincia de Córdoba y de Buenos Aires y tenemos una situación de una volatilidad tremenda».
A inicios del mes de diciembre, el abogado especialista en criminología apuntó que «lo que estaba haciendo (el gobernador Maximiliano) Pullaro y su ministro (Pablo) Cococcioni en las cárceles primero iba a ser totalmente inefectivo en términos de tener cualquier tipo de impacto positivo en clave de prevención del delito en las calles, no iba a tener incidencia en eso» y en segundo lugar «pero era lo que más me preocupaba, que armar ese show donde mandan a filmar tratos crueles, inhumanos y degradantes a los presos iba a amplificar la violencia. Concretamente dije que va a generar una espiral de violencia porque es lo esperable que suceda cuando vos utilizas a bandas muy violentas, con una violencia muy identitaria, para hacer política. Y es lo que terminó sucediendo. La espiral de violencia sucedió, el gobierno a esa espiral de violencia le respondió con más bukelización».
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Font sostuvo que «hoy estamos en una encrucijada» y preguntó: ¿qué va a hacer el gobierno (provincial), va a seguir con este circo y van a seguir los taxistas de Rosario perdiendo la vida? Es muy fácil hacerse el Bukele cuando tenés custodia como tiene el ministro, como tiene el gobernador, cuando vivís en barrios de clase media o media alta y cuando no trabajas de taxista a la noche, no corres riesgos importantes o significativos». El criminólogo sostuvo que el gobierno de Pullaro enfrenta a las bandas del crímen organizado «con un manejo muy despiadado pero a la vez rústico de la violencia que excede la lógica instrumental del crimen. No son bandas que usan la violencia sólo para gestionar sus negocios, usan la violencia además como una forma de construir identidad y de decir quiénes son».
El especialista recordó que el gobernador, por su paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, al igual que el ministro Cococcioni, por lo cual «no puede ser que en el gobierno no sepan todo esto. Lo saben y de una manera totalmente desaprensiva se metieron a armar un circo que se les fue de las manos«.
