Este miércoles por la mañana, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana convocaron a una movilización, frente a la sede local de la Gobernación, para visibilizar una problemática creciente: las muertes de mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas en contextos de violencia urbana vinculada al narcodelitos. Según remarcaron desde MuMaLa, el número registrado en el primer semestre del años es escalofriante: 24 víctimas que encontraron la muerte por quedar en la línea de fuego o que han sido específicamente buscadas por su relación con ese entorno.
«En la provincia de Santa Fe, pedimos al Estado herramientas para el abordaje de esta problemática», apuntó Gabriela Sosa a Conclusión.
La dirigente de MuMaLa detalló que en los primeros 6 meses de 2022 se registraron 7 femicidios en contexto de violencia de género, un travesticidio y un suicidio femicida. Pero a estas muertes hay que sumarle «24 mujeres, niñas y adolescentes que fueron ultimadas en el marco de las violencias urbanas que atraviesan las grandes ciudades de nuestra provincia», alertó Sosa.
En ese sentido remarcó que esos 24 crímenes ocurrieron «porque las víctimas quedaron atrapadas en la línea de fuego del enfrentamiento entre bandas, vinculadas a delitos federales como el narcotráfico, o porque han sido específicamente buscadas porque tienen algún tio de vínculo con alguien que se mueve en esos circuitos delictivos».
«Entonces hay que empezar a pensar en políticas que van mas allá de los femicidios, hay muchas más violencias que nos empiezan a tener como protagonistas a las mujeres» reclamó la dirigente feminista.
Sosa también señaló que el movimiento feminista, desde hace años, viene haciendo «críticas sobre la falta de perspectiva de género del Estado y la falta de lectura de la gravedad de la situación.
El reclamo es para que el Gobierno Nacional y provincial inviertan en los recursos necesarios para garantizar la seguridad con perspectiva de género y derechos humanos para mujeres y disidencias.
«Pareciera que no toman debida cuenta de la gravedad de la situación. En 6 meses, tenemos casi 200 muertos y 33 son mujeres. Este dato no se repite en ninguna otra provincia del país, por lo tanto yo diría que es un Estado que necesita sumar una perspectiva de género al análisis y a los instrumentos pero que, además, debe coordinar. En la provincia necesitamos instrumentos judiciales, análisis que puedan mirar la integralidad de esta problemática que implica un delito federal y obviamente, articulando con las fuerzas de seguridad y con los otros dispositivos de la provincia y por qué no, los municipios, que tienen otro rol que cumplir, ya en otro plano, en como se fortalecen los espacios públicos y en como se fortalecen iniciativas que nos hagan más seguras».
