Por Marina Vidal

«Sexo, dignidad y muerte. Sandra Cabrera. El crimen impune». Así se titula el documental de Lucrecia Mastrangelo que se proyectó ayer en Distrito7. Dentro de ese título hay muchas palabras cuyos significados podrían variar de acuerdo a la subjetividad de quien las pronuncia, según su intención o el contexto en el cual las aplica. Sin embargo, el nombre propio que allí figura no tiene múltiples interpretaciones.

Sandra Cabrera: trabajadora sexual, dirigente de la  Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), asesinada en 2004 de un disparo en la nuca. Este documental narra su historia. Para hablar de ello y de la situación que atraviesan las trabajadoras sexuales, Conclusión dialogó con Georgina Orellano, trabajadora sexual, secretaria general de Ammar y referente dentro del movimiento feminista de quienes luchan por regular y reglamentar la prostitución como trabajo sexual.

Sandra fue encontrada con un disparo en la nuca el 27 de enero de 2004 mientras estaba trabajando en Iriondo al 600. Era trabajadora sexual y militante popular. Había denunciado negocios vinculados a la trata de personas. A 14 años el crimen quedó impune, sin detenidos.

«El documental intenta narrar la vida de Sandra que fue asesinada en 2004 luego de haber denunciado redes de trata y complicidad del poder político y judicial para que en la zona de la Terminal de Ómnibus funcionen cabaret donde se explotaba sexualmente a menores de edad. Fue asesinada en la esquina donde trabajó históricamente de un tiro en la nuca. Compañeras de Sandra indicaron que había un hombre que la buscaba. Esta persona estuvo presa y tres meses después lo sobreseyeron de la causa por falta de pruebas; los testimonios de las siete compañeras de Sandra no fueron validados por el juez por tratarse de declaraciones de prostitutas», comenzó relatando Georgina.

Y continuó: “Para las que no tuvimos posibilidad de conocerla personalmente, pero sí a través del documental, pudimos conocer no solo la historia de una militante activa sino también vimos la complicidad en su caso de los tres poderes en torno a cuestiones ilegales que tienen que ver con nuestro trabajo y con la puerta abierta que deja la clandestinidad del trabajo sexual; que se puedan generar mercados paralelos a causa de la precarización laboral de las mujeres”.

El crimen de Sandra fue quizá uno de los motivos que impulsaron una serie de políticas a realizarse en Rosario y que tenían como objetivo el allanamiento a departamentos donde trabajadoras sexuales llevaban adelante su trabajo. Georgina detalló que a causa de esos operativos “muchas compañeras de origen dominicano quedaron detenidas por figurar en los contratos de alquiler de esos departamentos o ser las encargadas de pagar los impuestos”. “Hace dos años se dio a nivel nacional una discusión sobre cómo luchar contra la trata de personas, y estas políticas anti trata que se llevaron adelante en Rosario y que tuvieron discusión a nivel provincial en Santa Fe, fueron previsionistas como el cierre de los cabaret o las wiskerias lo cual para nosotras es una política pensada desde la buena voluntad pero sin convocar a las trabajadores sexuales y sin tener en cuenta nuestras voces”, sostuvo la dirigente.

“Es paradójico que Sandra haya denunciado con nombre y apellido al cabaret que explotaba a niñas menores y que la política haya decidido la prohibición de esos lugares lo que genera más clandestinidad”.

Orellano precisó que luego de esas decisiones, desde Ammar perdieron el contacto con las compañeras; «no sabemos si siguen trabajando, si se volvieron a su país o se fueron a otras provincias». «Hay muchas trabajadoras sexuales que con esta medida se vieron obligadas a volver a la calle a trabajar con todo los peligros y consecuencias que esto implica; lidiar con la policía, con los vecinos, con la inseguridad. A todas las alternativas, no podemos alquilar un lugar para trabajar porque lo allanan violentamente, les roban el dinero a las chicas», dijo.

—¿Cómo debería actuar el Estado?

— «Hay una restricción a casi todos los espacios donde nosotros podemos llevar a cabo el trabajo sexual. Ante esa criminalización, esa persecución policial hace que las compañeras busquen estrategias para seguir ejerciendo el trabajo sexual, que quizá no son las mejores, pero son las que tienen a su alcance justamente porque el Estado en vez de protegerlas y garantizando que sus derechos no sean vulnerados, despliega normativas para perseguirlas, exponerlas a mayor explotación laboral y mayores abusos y a dejarlas a merced de mayor precarización laboral y de clandestinidad. Nosotras insistimos que si la política hubiese tenido en cuenta a las voces de las trabajadoras sexuales seguramente las consecuencias serían otras. Nosotras no estamos de acuerdo que la prohibición de cabaret y whiskerías va a combatir la trata de personas; el Estado debería haber presionado a los municipios y a las provincias para buscar una instancia junto al Ministerio de Trabajo e inspeccionar estos lugares y que no quede en manos de un solo poder que después termina en sobornos, pago de coimas”.

«Es una hipocresía intentar ocultar de lo que no se quiere hablar. Cuando se cerró el cabaret hubo muchas cosas que se quisieron esconder; por un lado si entendemos que fue para luchar contra la trata de personas pero por el otro se generó una posición con respecto al trabajo sexual que fue, como en muchos otros municipios, abolicionista que no tienen en cuenta las voces de las compañeras trabajadoras sexuales, travestis, trans y eso es subestimarlas. Pensar que con esta política de Estado vas a salvar a la mujer y rescatarla es pensar desde un lugar superior de salvadoras cuando por ahí, no todas las mujeres quieren ser “salvadas” del trabajo sexual, muchas que quieren seguir ejerciéndolo pero necesitan que el Estado las acompañe, que genere espacios para que no sean perseguidas por la policía».

Diferencias de derechos…quiebre en el movimiento feminista

Al ser consultada por el alcance y conquistas de derechos, fue imposible no hablar del reclamo prioritario que se hizo oír en la última marcha del 8 de marzo y que tuvo como foco la despenalización del aborto. Al respecto, Georgina consideró que a diferencia de la lucha contra la despenalización del aborto, en la cual estan todas de acuerdo en que es una deuda histórica de la democracia y adhieren al aborto legal, seguro y gratuito, «el trabajo sexual es un tema que genera tensiones hasta dentro del movimiento y un quiebre».

«El trabajo sexual es él tema que divide al movimiento feminista pero creo también que todo este movimiento del feminismo puede hacer que sea un tema que se pueda discutir, que entre en agenda para debatirlo, pero no va a llegar con la fuerza que llegó el aborto porque divide al movimiento feminista. Sostengo que a través del tiempo hemos avanzado para hacernos escuchar y generar conciencia social sobre nuestro trabajo, pero seguimos luchando contra la condena o contra el cuestionamiento permanente de porqué somos trabajadoras sexuales».

Prostitución como empleo elegido… ¿todo el mundo está conforme con su trabajo y lo elige libremente?

«Lo que hay que hacer como Estado es general empleo para las mujeres pobres. Creemos que una de las consecuencias de que las compañeras ejerzan el trabajo sexual es la falta de posibilidades», enfatizó la entrevistada.

El problema no es el trabajo sexual, el problema es la pobreza, la exclusión social, la marginación y la falta de puestos de trabajo para los sectores populares.

Y agregó: «Hay que dejar de pensar en la trabajadora sexual como un sujeto político aislado y que hay muchos otros sujetos que no están conformes con su trabajo. Tenemos que pensarla dentro de un mercado laboral y compararla con otras trabajadoras que muchas veces no eligen libremente su trabajo y sin embargo no se intenta abolirlo; por el contrario se apoyan sus demandas, se las representa, se las acompaña. Hay que respetar la autonomía de las mujeres, así como se respeta la autonomía para aquella mujer que decide ser mamá, o aquella que decide abortar, debería pasar lo mismo con el trabajo sexual. No es si a mí me gusta o no me gusta, es una realidad y necesitamos una política de Estado que garantice nuestros derechos y para que eso ocurra necesitamos ser legales». 

Foto: Facebook Georgina.