Las asociaciones, instituciones y transportistas del sector de trabajadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad insisten en que la legislatura provincial apruebe una iniciativa para que el IAPOS se ajuste en el pago de aranceles a prestadores con lo que indica el orden nacional.
Por lo pronto, la iniciativa legislativa se encuentra en presentada en la cámara baja de la Legislatura Provincial y «estamos a la espera de su tratamiento favorable en las correspondientes comisiones y cámaras legislativas, con la expectativa de saldar una postergada injusticia«, dijo Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis).
Mediante un proyecto de Ley, el diputado Palo Oliver estructura un mecanismo para el pago, por parte de IAPOS, de las prestaciones básicas de atención integral recibidas por las personas con discapacidad, afiliadas a la misma, es decir que la normativa propuesta obligaría a IAPOS a ajustarse a lo indicado por el nomenclador nacional.
En la parte dispositiva del proyecto se establece que «los aranceles que debe abonar el IAPOS a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, serán los que publique el Ministerio de Salud de la Nación y/o la Agencia Nacional de Discapacidad por medio del Nomenclador Nacional y sus actualizados mensualmente” y “bajo ningún concepto el IAPOS podrá abonar por las prestaciones establecidas en el artículo primero, un arancel que esté por debajo de los valores dinerarios que se establezcan en el Nomenclador publicado por la autoridad nacional, debiendo éste ser considerado como piso para el pago de los mismos».
En los fundamentos, el legislador explica que la intención es «que los montos arancelarios fijados por el nomenclador nacional, constituyan el piso a partir del cual se fije el arancel a pagar por IAPOS, a fin de evitar que peligre la continuidad de las prestaciones recibidas por las personas con discapacidad, vulnerando sus derechos».
