Por Santiago Fraga
La Federación de Inquilinos Nacional redactó una carta dirigida a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, en donde denuncian numerosas irregularidades que sufren por parte de las inmobiliarias, que no cumplen con el decreto presidencial 320/20 -que establece la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos, el congelamiento de precios de alquileres, entre otras medidas, hasta el 30 de septiembre-, emitido el 29 de marzo.
En la misiva, de la cual forma parte la Asociación de Inquilinxs Rosario, denuncian que “las inmobiliarias no se apegan a la ley ni siquiera en estos tiempos de crisis y emergencias”.
En diálogo con Conclusión, el presidente de la asociación local, Emmanuel Canelli, aseguró que la situación es preocupante debido a diversas problemáticas que se denuncian, que van desde la presión inmobiliaria para forzar mudanzas o a el pago de dos alquileres, yendo en contra del Código Civil, de la cuarentena obligatoria y del decreto presidencial, hasta casos de violencia de género o problemas económicos en el que los inquilinos necesitan irse de donde residen con urgencia.
Primeramente, el problema más masivo radica en el fuerte mecanismo de presión que aplican las inmobiliarias sobre los inquilinos: “La situación que estamos viviendo en Rosario es que no entregan los CBU y están llamando a romper el aislamiento para pagar el alquiler, por un lado, y por el otro al mismo tiempo son muchas las denuncias de inquilinas e inquilinos que directamente reciben presiones por parte de las inmobiliarias para que se muden”.
Ese mecanismo que Canelli menciona generalmente es a través de la exigencia del pago de los dos alquileres, el del hogar en donde están residiendo y el otro al cual nunca se mudaron.
“Marzo y abril son dos meses muy complejos en cuanto a vivienda, ya que hay muchas renovaciones y finalización de contratos. Entonces, hay algunos que se anticiparon y ya habían realizado un pre-contrato o inclusive firmado un contrato, pero en medio de toda esta pandemia están imposibilitados de mudarse. Eso provoca que algunos se muden a la fuerza y tengan que enfrentarse a situaciones muy complicadas en los nuevos edificios, con los vecinos nuevos, con la policía y con la justicia en términos legales”, explicó el presidente de la Asociación de Inquilinos Rosario, que al mismo tiempo denuncia la gran cantidad de inquilinos a los que les exigen el pago de los dos alquileres.
Ante esto último, hay mecanismos en el Código Civil y Comercial para plantear la imprevisibilidad del cumplimiento de los contratos, “por el simple hecho de que los inquilinos no llegaron ni a poner un pie en el nuevo departamento”.
“Es un contrato que está hecho para habitarse y nunca se pudo habitar, o no tiene los servicios dados de alta”, explicó Canelli, refiriéndose a los artículos nro. 955, art. 955, art. 1730, art. 1733 y el art. 1091, que permitirían “a la población inquilina no tener que abonar los dos alquileres, sino sólo en el que están actualmente viviendo”.
Esta situación de presiones se da tanto con inmobiliarias irregulares como formales. “Las inmobiliarias corren con la situación contractual y muchas lo que hicieron, días antes del aislamiento, cuando ya se veía venir, fue apurarse a entregar las llaves, algo que nosotros tratamos de advertir a los inquilinos que no agarren. Las inmobiliarias se apuraron a entregar llaves el 18 de marzo a la tarde, el 19 a la mañana (la cuarentena fue anunciada el 19 a la noche y comenzó a la medianoche del 20), y es imposible. O por ejemplo, que te hayan entregado la llave el 13 o el 14, es lo mismo porque no llegaron ni a dar de alta los medidores de luz”, explicó.
Así, ante esta presión que ejercen las inmobiliarias se genera una situación crítica, ya que muchos son arrojados por la fuerza a mudarse, exponiéndose a contraer problemas penales, problemas con la policía, problemas con la justicia y hasta con sus nuevos vecinos.
Con todo este panorama, a aquellos a los que se acercan para denunciar su situación y pedir ayuda, desde la Asociación lo primero en que los aconsejan es en que tengan la tranquilidad y la información segura de que no pueden mudarse.
“Segundo, que se mantengan en su casa, en aislamiento, en su viejo departamento, donde ellos venían estando y tienen sus cosas. Y tercero, estamos realmente sobrepasados con los abogados que están en la Asociación solucionando estas cuestiones, tratando de ir interviniendo en las inmobiliarias y dando a conocer de la imprevisibilidad de los contratos, porque también hay una realidad que es que el lobby inmobiliario es muy fuerte y está muy arraigado, pero vamos a defender hasta las últimas consecuencias y tenemos a todo el derecho de nuestro lado, así como también la situación actual lo amerita”, continuó Emmanuel Canelli en diálogo con este medio.
La problemática cobró una mayor repercusión en este momento, ya que las inmobiliarias empezaron a atender en estos días exigiendo los pagos de los alquileres e incluso ha habido denuncias de intentos de desalojo, algo que es ilegal por el decreto presidencial publicado en marzo por Alberto Fernández, en episodios que desde la Asociación están tratando de ayudar a desactivar, así como también concientizando a la gente sobre sus derechos.
Formalmente hay un 20% de inquilinos en Rosario (en realidad son más), y de ese 20%, un 60% están teniendo problemas de este tipo, debido a la gran cantidad de renovaciones que se dan en esta época.
Sumadas a estas problemáticas que tienen como eje central a las inmobiliarias, existen otras dos demandas graves que necesitan respuesta urgente por parte del Estado.
Por un lado, son muchos los casos de violencia de género, en donde la víctima quiere irse del departamento pero se encuentra imposibilitada de mudarse. Por otro, es mucha también la gente que tiene paralizados sus ingresos por la situación actual, y que no quieren ni pueden contraer más deudas.
“La gente que está completamente paralizada en sus ingresos y plantean que no quieren contraer más deudas, que se les terminó el contrato y ya está, se quieren ir, porque encima de que venían mal vino esta crisis, se quedaron sin trabajo y no tienen capacidad de responder y quieren irse con sus padres. Hay muchos jóvenes que son interpelados por la vivienda como inquilinos, entonces ante esa situación no tienen cómo mudarse, por lo que le pedimos al Estado que vea algún mecanismo”.
Para las personas que vivan en Rosario y se enfrenten a algunos de estos problemas, puede ponerse en contacto para recibir ayuda y asesoramiento con la Asociación de Inquilinxs Rosario a través de Facebook, Twitter o Instagram.
Carta al Gobierno nacional
En una misiva dirigida al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encabezado por María Eugenia Bielsa, la Federación de Inquilinos Nacional plantea como uno de los principales puntos “una silenciosa política de desalojos, en hoteles, pensiones, y habitaciones de vivienda familiar, y que miles de inquilinos reciben la presión para que no adhieran a la prórroga del contrato”, siendo “conminados a firmar contratos nuevos con aumentos abusivos y comisiones inmobiliarias que no corresponden, y ningún organismo público controla”.
En ese sentido, desde la Federación remarcan como preocupante que “no hubo una sola publicidad oficial dedicada a garantizar que se cumpla el Decreto, mientras las inmobiliarias amenazan a los inquilinos con subir el precio luego de octubre, con los aumentos que no pudieron concretar en estos seis meses, situación que tendrá un drástico impacto en el bolsillo de cada familia”.
El presidente de la Federación de Inquilinos argentina, Gervasio Muñoz, aseguró que la carta se acompaña “con un diagnóstico por provincias de cómo se está viviendo la situación de las y los 9 millones de inquilinos y de los problemas para hacer cumplir las medidas del decreto”.
Así también, destacó el decreto del Gobierno Nacional como “un logro absolutamente necesario”, pero remarcó que “es urgente velar por su cumplimiento”.
Como parte de las exigencias, desde la Federación que agrupa al sector inquilino de nuestro país piden por la extensión por 24 meses del Decreto presidencial 320/20, y por el urgente tratamiento de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación.
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La carta está firmada por Gervasio Muñoz (Inquilinos Agrupados, Emmanuel Canelli (Asociación de Inquilinxs Rosario), Roberto Díaz (Unión de Inquilinos rionegrinos), Natalia Soraire (Unión de inquilinos de Salta), Maximiliano Vittar (Inquilinos Córdoba), Juan Arrizabalaga (Inquilinxs Tandil), Mayra Llopis Montaña (Inquilinxs San Martín), Fabiana Happel (Inquilinos La Pampa), Renzo Quero (Inquilinos San Juan), Leticia Radke (Inquilinos Corrientes) y Matías Alonso (Inquilinos Santa Cruz).
