Trabajadores del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj) de Rosario denuncian la situación en la que se encuentran los adolescentes que se encuentran alojados en el lugar. Aseguran que está sobre poblado y que conviven en espacios muy reducidos y en mal estado.
El hoy denominado como “Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil” que durante años fue conocido como Irar, ubicado en Saavedra y Cullen, es el único espacio que actualmente aloja adolescentes en conflicto con la ley penal. Si bien su nombre se modificó, las falencias siguen siendo las mismas y cada vez empeora más. Revelando una notoria decidida estatal.
Según informaron trabajadores del lugar, el CERPJ tiene capacidad para 36 jóvenes, pero actualmente hay alojados 41. Esto significa que muchos de ellos viven encerrados 24 horas sin salir al aire libre ni tener contacto con otros adolescentes. Además, indicaron que se encuentran en espacios muy reducidos, sin agua, con baños tapados y dependiendo todo el tiempo de los adultos.
Asimismo, detallaron que los jóvenes “conviven con alacranes, baños tapados y sin agua para garantizar mínima higiene”. A ello, se le suma problemas eléctricos y generadores que se encuentran rotos, por lo que en los turnos nocturno, los problemas se profundizan.
Los jóvenes que llegan a la institución son menores de edad que tienen entre 16 y 18 años. Son llevados allí por decisión de los juzgados de menores, por haber cometido diversos delitos. El objetivo es la reinserción. Pero al llegar lugar eso se vuelve una utopía.
Para realizar actividades de manera que permitan garantizar los derechos básicos a los jóvenes, se necesitan 40 acompañantes juveniles durante las distintas guardias más aún teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que se encuentran alojados. Pero al día de hoy hay sólo diez.
Además, el servicio médico es totalmente insuficiente, dado que hay un único médico en la institución y al ausentar por vacaciones no hay quien lo reemplace y recae en mano de las enfermeras. Así, según remarcaron, “unos 10 jóvenes que ingresaron a la institución estuvieron 15 días sin atención médica”.
La situación descripta fue manifestada por los propios trabajadores del lugar en un comunicado destinado al Director Provincial de Justicia Penal Juvenil, Federico Lombardi y a la Ministra de Gobierno, Justicia, DD.HH, Celia Arena y a los distintos juzgados de menores 1, 2, 3 y 4.
En ese contexto, desde ATE resolvieron posicionarse en “estado de alerta” a la espera de una pronta solución a los problemas. En casi de no obtener respuestas, aseguraron que se tomarán medidas de fuerza.
