Se realizó la audiencia para discutir sobre los aumentos en el agua. La estatal Aguas Santafesinas propone un aumento del 50% en dos mitades, pero la segunda sería sobre el primer incremento, o sea que daría un total del 56 por ciento.

El encuentro fue en la sede de la Gobernación y fue convocado por Enress a pedido de la empresa, que desarrolla estas audiencias desde 2010.

Aunque no es vinculante, la empresa debe tener en cuenta los fundamentos de los expositores. Por esto, los participantes del encuentro se manifestaron conformes con la realización de la asamblea, aunque exigieron que Aguas Santafesinas modifique la postura en cuanto a los aumentos.

El diputado provincial Carlos Del Frade manifestó a Conclusión que “la audiencia es muy importante por más que no sea vinculante”. Y reafirmó: “Estamos en contra del aumento. Es una severa llamada de atención al gobierno de la provincia para que sea progresista y no conservador. Si necesita plata que la vaya a buscar al lugar donde está, en las exportadoras que no pagan un solo peso”.

“Se consagra la desigualdad porque Cargill paga el litro de agua igual que los ciudadanos. El aumento lo termina pagando el pueblo, cuando lo podrian pagar las exportadoras”, continuó el legislador del Frente Social y Popular.

“Hay un fenomenal consenso social y politico contra el aumento. Se aumenta cuatro veces más que la inflación que se plantea. Esto demuestra una resignación política de los valores que alguna vez fueron progresistas”, finalizó Del Frade.

En tanto, la concejala Norma López, aseguró que “uno de los temas principales que nos manifiestan los rosarinos en las recorridas por los barrios es el acceso al agua”.

“Los tarifazos del 2009 hasta hoy fueron de un 2.600% significan una cuestión confiscatoria sobre los sueldos de los rosarinos”, analizó la edila del Frente Justicialista.

Además, se refirió al acceso y la calidad del agua al manifestar que “la gente duda por el sabor y el color del agua, por lo tanto deben comprar bidones o utilizar bombas, lo que implica un gasto mayor”.

Por otro lado, López remarcó que esto afecta de manera especial a las mujeres debido a que “en esta sociedad patriarcal tenemos que cuidar a los mayores y los niños, cuando amamantamos, menstruamos, las mamaderas que requieren una higiene particular”.

Por su parte, el director de Cesyac, Juan Marcos Aviano, evaluó a la audiencia como “negativa” y calificó al aumento como “excesivo e inoportuno”.

“Escuchamos al director de la empresa, Sebastián Bonet, justificar lo que a nuestro entender es injustificable”, remarcó Aviano. “El gobierno nacional plantea una inflación del 15%, entonces ¿por qué nos aumentan el 56?”, se preguntó Aviano.

“Los aumentos de tarifas no van a poder superar los aumentos de los sueldos porque va a llegar un punto en que no se van a poder pagar más”, estimó el titular del organismo.

En la asamblea se presentó la propuesta de Cesyac, que consta de un aumento del 15% a pagar en tres cuotas y que no sea acumulativo para pagar en el tercer, cuarto y quinto bimestre. Además, el director de la ONG recordó que aún existe un juicio de Cesyac a la provincia por el aumento del 20% de 2017.

Por último, Aviano comentó: “Esperemos que el gobierno recapacite y que no nos justifiquen los aumentos con las obras que se hicieron en 2014, es una obligación del Estado porque el agua es un derecho humano”

Por su parte, para Alberto Muñoz, referente de la organización Multisectorial contra los Tarifazos, el aumento “está por encima de la estándares razonables”.

“Se cercena una parte del salario del trabajador y de los jubilados. Esto no puede seguir así porque estamos yendo a un callejón sin salida en el que no se va a poder pagar más nada”, consignó Muñoz.

Y afirmó: “Cada vez que la empresa pide un aumento exagerado, es síntoma de que el Estado provincial se corre de su compromiso del agua como derecho humano”.

“Es una empresa que a su cargo tiene un servicio esencial en un contexto en el que el salario del trabajador se ha visto menoscabado por lo aumentos, incluso de esta empresa que fue del 70%”, argumentó.

El abogado de la organización, Juan Alcaraz, destacó que “el agua es un derecho humano esencial reconocido por la ONU”. Y explicó que en la audiencia “no se ha tomado en cuenta la capacidad de pago de los usuarios, por lo tanto es ilegítima e ilegal. El hecho de no ser vinculante no significa que no se tome opinión de los participantes. Por eso también es ilegítima”.

Luego comentó´que “todos los oradores se vienen oponiendo al tema del incremento”.

Con respecto a si puede llegar a la Corte Suprema, el letrado afirmó: “Por supuesto, ya ha sucedido en 2016”.