Luego de una larga jornada de debate entre el Sindicato de Empleados de Comercio y representantes de la empresa Coto, y debido a que no existió acuerdo entre las mismas, el Ministerio de Trabajo provincial terminó por dictar la conciliación obligatoria por 15 días que obliga a ambos a retrotraer los hechos al estado previo a las suspensiones. Esto significaría, de parte de Coto, anular las suspensiones dispuestas a los 48 santafesinos y a los 103 rosarinos afectados; de parte del sindicato de comercio, no tomar medidas al respecto y «estacionarse» durante los 15 días que dura la conciliación.
En caso de que la «sentencia» no sea cumplida, ambos involucrados sufrirían consecuencias legales y fuertes multas. En tanto, la próxima reunión entre el sindicato y Coto está prevista para el lunes 10.
Hasta el momento, Coto parece cumplir con lo ordenado, pero aún con fuerte presencia de ‘guardias’ en sus puertas y empleados afines que organizan una marcha hacia la Legislatura provincial.
En simultáneo a la conciliación obligatoria, el proyecto del descanso dominical que provocó la suspensión de 151 trabajadores de Coto volverá a convocar hoy a los legisladores en el recinto con altas chances de que se apruebe de manera definitiva.
El diputado radical Julián Galdeano advirtió que de sancionarse, la ley puede ser impugnada judicialmente. Repudió la actitud de la cadena de supermercados pero pidió “no ser hipócritas” y preguntarse quiénes realmente se benefician con esta iniciativa.
Así, acusó intereses distintos al bienestar del trabajador detrás de la insistencia por la sanción de la medida y recordó que desde un principio su bloque se mostró en contra al entender que sólo el Poder Legislativo nacional puede reglar sobre la jornada laboral. Además, llamó la atención que entre los propios trabajadores no es unánime el deseo de tener franco los domingos.
En tanto, no se sabe lo que puede pasar esta tarde en la Cámara Baja, aunque existe un acuerdo para que se apruebe un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, en el que pide al Ejecutivo informes sobre si Coto cumple con la ley de grandes superficies comerciales de la provincia, si cuenta con algún tipo de exención o subsidio, la cantidad de empleados que tiene y las condiciones de contratación. «Pretendemos conocer la situación real de la empresa en la provincia, para ello vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de este proyecto, porque no vaya a ser que el ladrón persiga al juez», indicó.
Las próximas horas serán claves para saber qué será del descanso dominical que ha despertado tantas confrontaciones.
