Por Marcelo Chibotta
El viernes pasado, la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) presentó junto al presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini, un contrato de alquiler que según plantearon, sirve como modelo “para que toda la sociedad, inquilinos y propietarios, sepan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos”, según indicó el titular de la cámara citada, Carlos Rovitti.
Para dejarlo debidamente aclarado, la presentación se hizo a la sociedad a través de una conferencia de prensa y no en una sesión ordinaria (el Concejo está en receso) como para que la propuesta pueda ser debatida y tratada por el poder legislativo local.
El presidente del cuerpo, en la misma indicó: «En líneas generales, con este contrato queremos darle un marco no regulatorio porque no es vinculante, simplemente para que la gente sepa que a la hora de firmar un contrato, cuáles son los temas que tienen que tener en cuenta, cuáles son su derechos y cuáles sus obligaciones”.
A pesar de no tener un carácter “vinculante”, Rovitti señaló: «Procuramos que los incrementos ronden el 27% en función de las paritarias. Hay que tener en cuenta que casi el 90% de los inquilinos son asalariados o son pequeñas pymes, o son profesionales que recién comienzan, entonces lo que les decimos al propietario es que bajen las pretensiones por ahora, en este momento de coyuntura económica difícil para el país, para mantener el inmueble alquilado”.
Precios cuidados para alquileres
Como antecedente a esta iniciativa del Concejo Municipal y Cadeiros, la Asociación de Empleados de Comercio y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESyAC) hicieron oportunamente una propuesta, pero esta vez a nivel nacional, al proponer el sistema de precios cuidados para alquileres.
– Para los alquileres de viviendas de uso familiar, un ajuste anual del 20% como nivel de referencia para el mercado inmobiliario.
– Para los alquileres comerciales un ajuste de hasta un 25%.
– Que el primer contrato con el nuevo locatario no pueda superar el 15% al finalizado, sumando al mismo el ajuste anual de un 20% o un 25% según corresponda el contrato como se propone en los puntos anteriores.
– Que para el alquiler de viviendas familiares no se contemple la obligación de contar con una garantía propietaria, y se pueda cubrir con recibos de sueldo de trabajadores con una determinada antigüedad.
Según estimaron ambas instituciones, los aumentos en los alquileres no tiene ninguna relación con el esquema de precios del sector inmobiliario ni con los índices de precios al consumidor porque lo superan en su inmensa mayoría.
Además, agregan que de seguir con esta tendencia alcista, los incrementos no se sustentarán en ningún análisis económico que contemple la posibilidad de lograr plenamente los alquileres.
También indican que “se considera fundamental la implementación de medidas que conduzcan a sostener el empleo, el consumo y también el buen ritmo del sector inmobiliario que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los rubros de la economía que más se han visto favorecidos en los últimos 10 años».
Proyecto en el Congreso Nacional
El diputado socialista Jorge Rivas, integrante del bloque del Frente para la Victoria, fue más allá y presentó en su oportunidad un proyecto de ley de Contratos de Locación que directamente prohíbe, entre otras clausulas, cualquier clase de ajuste, actualización o incremento de precio de la locación durante el tiempo que dure el contrato.
Amparado en la Constitución Nacional, Rivas dejó expresado en su proyecto que los inmuebles alquilados son “bienes de uso, destinados a satisfacer ese derecho, prevaleciendo por sobre la consideración de los mismos como bienes de renta”.
Algunos datos
En Rosario hay:
• Aproximadamente 95.000 contratos de alquiler formalizados.
• Algo más de 37.000 locales, de los cuales más de 1.200 están cerrados.
• Muchos locales que no están afectados al mercado a pesar de haber sido la ciudad que más metros cuadrados per cápita construyó en Sudamérica en el año 2007.
• Cerca de 300.000 inquilinos.
El problema de fondo sigue siendo un desafío para las autoridades, puesto que tienen que decidir entre si alquilar una vivienda o un local comercial debe quedar librado al juego de la oferta y la demanda o establecer algún tipo de regulación.
