“A un año del asesinato de mi mamá seguimos exigiendo justicia”

Por Alejandro Maidana

El 3 de mayo de 2017, hace precisamente un año, María de Ángeles Paris encontraría su muerte de una manera escalofriante dentro de la comisaría 10ª. Desde el mismo instante de su fenecimiento, la sucesión de anomalías e irregularidades se apoderarían de la escena.

Después de un primera autopsia,  el Instituto Médico Legal (IML) en la figura del doctor Lucas Kuverling,  elevaría un informe argumentando que el cuerpo de María de los Ángeles Paris, “no presentaba signos de violencia externa, sólo escoriaciones leves (raspones), algunas de vieja data. No se hallaron lesiones en zona de cuello y tampoco presenta lesiones internas. La causa de fallecimiento en primera instancia sería paro cardiorrespiratorio posiblemente generado por la ingesta de alguna sustancia. Se espera examen toxicológico para corroborarlo”.

Pasaron dos meses para que el Gobierno de la provincia abone $12.000 en cuatro cuotas para que se puedan realizar  los exámenes toxicológicos, algo que irritó de sobremanera a la familia.

Una primera autopsia incompleta, le abriría las puertas a una segunda en octubre de 2017 que traería algo de luz. El Protocolo de Minnesota es aquel que se aplica cuando sucede una muerte en situación de encierro o custodia policial, gracias al mismo se obtuvieron datos de suma relevancia. La segunda autopsia fue realizada por la doctora Cristina Bustos, del área de Tanatología de la Morgue Judicial de la Nación, junto a la perito de parte Virginia Creimer.

El dictamen de las expertas forenses sería tajante, la causa de muerte de la docente fue por “una arritmia cardíaca fatal, como consecuencia de un estado hiperadrenérgico (síndrome confusional agudo / agitación psicomotriz / delirio excitado) generados por un mecanismo de desequilibrios a nivel molecular y electrolíticos ya explicados y constatados en los estudios realizados, coadyuvado por la hipoxia producida como consecuencia de la restricción física a la que fue sometida (asfixia posicional)”.

Pasaron 365 días sin su mamá, dueña de un bajo perfil pero sólido andar, Erika comienza su charla con Conclusión como es su costumbre,  sin estridencias, “ha sido un año muy difícil, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por suerte estoy muy acompañada por mi familia y junto a ella estamos firmes en la lucha para poder conseguir justicia por mi mamá”.

Encontrarse con una situación que le cambiaría su vida, la puso en un lugar de vulnerabilidad en donde debió aprender a convivir con los prejuicios. “La estigmatización hacia la figura de mi mamá fue lo que más me dolió, tanto la línea que supieron bajar los grandes medios, como la opinión pública. Es tan triste la naturalización que existe para con los apremios ilegales hacia los pibes de barrio, que para justificar lo sucedido con mi mamá, tuvieron que instaurar la idea de que era una histérica y que sufría de desequilibrios emocionales. En estos casos lo que se debe hacer como primera medida es recurrir a la familia, es aconsejable para evitar embarrar la cancha”, sostuvo.

El rol de las organizaciones es de vital importancia cuando de violencia institucional se trata, “desde un principio tanto la APDH, Amsafe y la Cátedra de Criminología se pusieron esta lucha sobre sus hombros para acompañar tanto a mi familia como a mí. El apoyo de estas organizaciones es fundamental ya que del Estado sólo recibimos respuestas evasivas, es más, hemos solicitado una audiencia con el Gobernador  Miguel Lifschitz ya que desde el primer momento sostuvo que mi mamá no fue violentada por la fuerza policial. Después de este informe tan contundente que corrobora que ella no murió por causas naturales, exigimos que se retracte. El Estado sigue siendo el garante de estos 5 policías que aún cumplen con sus funciones, una irresponsabilidad notable, un peligro latente para toda la sociedad”, enfatizó Erika.

La segunda autopsia desmiente completamente los resultados de la primera, algo que hablaría a las claras del camino oscuro por el que transita la causa. Sobre esto, quién integra la querella indicó: “nosotros pudimos constatar los golpes que tenía en el cuerpo mi mamá, por eso desde el primer momento descreímos de los resultados de la primera autopsia. La segunda no hizo otra cosa que ratificar lo que para nosotros es un certeza, que la policía fue la que le quitó la vida. Lesiones profundas, fracturas, que se pudieron ver gracias al protocolo de Minnesota que pareciera allanar el camino hacia la justicia”.

La fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci, considera que los policías no tuvieron intención de torturarla, algo que ha golpeado fuerte en los corazones de la familia Paris, “lo que busca la fiscal es seguir criminalizando a mi mamá poniéndola en el lugar de que la tuvieron que contener cuando no fue así. Desde un principio ha sostenido una defensa de la policía muy explícita. Esto es un claro encubrimiento que se fue tejiendo desde el primer día, quiero recordar que no nos permitieron ver el cuerpo de mi mamá dentro de la comisaría, desaparecieron sus ropas y la primera autopsia estuvo viciada de nulidad. Sumando también la persecución legal que inició el Instituto Médico Legal para con uno de los abogados de la APDH, Sebastián Sancevich. Es todo muy claro, menos para aquellos que buscan encubrir la responsabilidad del Estado”, relató.

Por último, Erika Salazar dejó un mensaje  para la sociedad en todo su conjunto: “Pedimos solidaridad y sensibilidad, esto se trata de empatía, seguiremos redoblando fuerzas para exigir Justicia por  María de los Ángeles Paris”, concluyó.

Este jueves 3 de mayo se realizará una movilización en reclamo de justicia a un año de la muerte de María de los Ángeles Paris, la misma partirá desde los Tribunales Provinciales. Se convoca a la sociedad toda a participar.