Google anunció que dejará de ofrecer la capacidad de orientar los anuncios electorales en función de datos personales de la audiencia como afiliaciones políticas generales (de izquierda, derecha e independiente) o registros de votantes públicos, «dadas las recientes preocupaciones y debates sobre la publicidad política».

El gigante de Internet aclaró anoche en su sitio web corporativo que limitará la orientación de la audiencia de anuncios electorales a la edad, sexo y ubicación general «a nivel de código postal».

«Los anunciantes políticos podrán, por supuesto, continuar haciendo orientación contextual, como publicar anuncios a personas que leen o ven una historia sobre, por ejemplo, la economía», detalló el texto firmado por Scott Spencer, vicepresidente de Google Ads.

La medida comenzará a aplicarse la semana próxima en el Reino Unido, antes de las elecciones generales, en la Unión Europea a finales de año y en el resto del mundo a partir del 6 de enero de 2020.

La empresa californiana consideró que esta decisión alineará su enfoque respecto de los anuncios electorales con prácticas establecidas desde hace mucho tiempo en medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa.

«Dadas las recientes preocupaciones y debates sobre la publicidad política, y la importancia de la confianza compartida en el proceso democrático, queremos mejorar la confianza de los votantes en los anuncios políticos que pueden ver en nuestras plataformas publicitarias», argumentó Google.

El poder de convicción de la publicidad electoral microdirigida en función de los intereses personales de los usuarios de plataformas digitales, así como el rol de éstas en la gestión de ese discurso, se metió en las últimas semanas en el foco del debate político en países que pronto celebrarán elecciones, en particular el Reino Unido y Estados Unidos.

La reciente decisión de Facebook de no aplicar para los anuncios políticos las mismas normas que para el resto de las publicidades, en particular el programa de chequeo de datos de sus «socios externos», generó un escándalo dado que habilita a partidos y candidatos a pagar para difundir de forma masiva mensajes falsos.

Tras ese episodio, Twitter tomó una postura opuesta al anunciar la prohibición de los anuncios políticos en su red.