Venezuela estrena billetes bajo temor de nuevos tormentos económicos

Nuevos billetes que restan cinco ceros al bolívar entraron en vigencia este lunes en Venezuela, primera medida de un cuestionado plan de reformas del presidente Nicolás Maduro ante una devastadora crisis que forzó a millones a abandonar el país.

Caracas amaneció paralizada, en un día declarado feriado por Maduro para la adecuación de las plataformas bancarias.

La mayoría de los comercios permanecen cerrados, mientras las transacciones electrónicas con el nuevo cono monetario empezaron a ponerse en marcha en los pocos establecimientos abiertos: farmacias, panaderías y pequeños puestos de comida.

Ganados por la incertidumbre, muchos comercios habían cerrado el fin de semana en Caracas y otras ciudades, tras días de compras nerviosas hasta donde aguantó el bolsillo, golpeado por una hiperinflación proyectada en 1.000.000% para 2018 por el FMI.

Largas filas en gasolineras se habían formado ante un anunciado aumento de los precios.

Maduro, confrontado a un enorme rechazo popular, sostiene que la emisión de nuevos billetes será el punto de partida para un «gran cambio». La mayor denominación será de 500 bolívares (unos siete dólares en el mercado negro de divisas).

Sin embargo, especialistas consideran inviable el programa, que incluye un aumento del salario mínimo de más de 3.400% a partir del 1 de septiembre, un nuevo sistema cambiario que empezaría con una macrodevaluación y alzas del combustible y los impuestos.

Maduro anunció que el gobierno asumirá por 90 días el aumento salarial en pequeñas y medianas empresas.

«Es una cosa de locos», dijo el domingo a la AFP Henkel García, director de la consultora Econométrica, al considerar que el reajuste de sueldos implicará un abrupto aumento de la masa monetaria, raíz de la hiperinflación.

Con una industria petrolera en picada y sin financiamiento internacional, el acceso a recursos frescos luce inviable.

La producción de crudo -fuente de 96% de los ingresos- se derrumbó de 3,2 millones de barriles diarios en 2008 a 1,4 millones en julio pasado, mientras el déficit fiscal roza 20% del PIB.

Además, el país y su petrolera PDVSA están en default parcial desde 2017 por impagos de una deuda externa de 150.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos arreció sus sanciones financieras.

«Si mantienes el déficit y la emisión desordenada de dinero (para cubrirlo), la crisis seguirá agravándose», apuntó el economista Jean Paul Leidenz a la AFP.

La nueva emisión llega apenas 20 meses después de que el gobierno lanzara billetes de alta denominación, diluidos por la inflación y la acelerada devaluación.

Es la segunda reconversión monetaria en una década, después de que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) eliminara en 2008 tres ceros a la moneda y surgiera el bolívar fuerte, que ahora da paso al bolívar soberano.

Crisis regional

La puesta en marcha del programa de Maduro coincide con graves tensiones migratorias por el masivo éxodo de venezolanos. Naciones Unidas estima que 2,3 millones de personas han migrado para huir de la crisis.

Brasil enviará tropas a su frontera después de que residentes de la ciudad limítrofe de Pacaraima quemaran el sábado campamentos de inmigrantes venezolanos, que han llegado en masa en el último año.

Venezuela exigió «protección» a sus ciudadanos.

Por su parte, Ecuador comenzó el sábado a bloquear el paso de venezolanos en sus fronteras exigiéndoles pasaporte en lugar de la cédula de identidad.

Perú adoptó una medida similar, por lo que Colombia teme que miles queden varados en su territorio.

Ante el aumento de las tensiones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió «mantener las puertas abiertas al pueblo de

Venezuela, víctima de la peor crisis humanitaria que el continente ha visto».

Protestas

En rechazo al plan económico de Maduro, tres de los principales partidos opositores llamaron a una huelga de 24 horas el martes.

«Es un primer paso», dijo Andrés Velásquez, de la agrupación Causa R, al asegurar que el objetivo es comenzar a unificar «la protesta social».

Manifestaciones por derechos laborales, falta de alimentos y medicinas y fallas de servicios como agua y luz se multiplican, con una oposición dividida y debilitada.

No está claro cómo los convocantes articularán la huelga, sin participación de otros partidos opositores.

El sector privado, además, solo trabaja al 30% de su capacidad debido al colapso de la economía, en tanto el gobierno ejerce un férreo control sobre empleados públicos.