El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó de «terrorismo económico» a las sanciones de Estados Unidos contra su país, al hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y criticó a la ONU y a la comunidad internacional por no tomar medidas contra esta práctica.

«El Departamento del Tesoro de EEUU. es un ‘Pentágono económico’ que comanda esta guerra contra centenares de millones de seres humanos ante la inacción del sistema multilateral», señaló Arreaza en su intervención en el Consejo.

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chavista también acusó a la ONU de no responder al llamamiento del presidente Nicolás Maduro, quien pidió el pasado mes al organismo multilateral ayuda para romper el bloqueo petrolero estadounidense contra Venezuela.

«Le corresponde a la ONU, al sistema multilateral y a este Consejo liderar una contención humanitaria, urgente e impostergable, contra la masiva violación de los derechos humanos que representan esas sanciones», afirmó el jefe de la diplomacia venezolana, citado por la agencia de noticias EFE.

Por otra parte, Arreaza también lamentó que estas medidas coercitivas unilaterales no fueran mencionadas ayer lunes por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la lista de amenazas a los derechos humanos que presentó ante el Consejo, lo que supone «una afrenta a los millones de seres humanos que las sufren».

Para Venezuela, señaló, las medidas coercitivas hicieron reducir los ingresos nacionales por la exportación de petróleo de 42.000 millones de dólares en 2013 a 4.000 millones en 2018, contribuyendo a pérdidas en el país de más de 120.000 millones de dólares.

«Han impulsado un fenómeno migratorio e inédito», subrayó con referencia a los cerca de cinco millones de venezolanos que han salido del país, aunque Arreaza aseguró que Caracas ha lanzado planes de protección social que «han impedido una hambruna en Venezuela».

El canciller recordó que el Gobierno venezolano presentó el pasado 13 de febrero una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que investigue si las sanciones constituyen un delito de lesa humanidad.

«Ha llegado la hora de frenar la plutocracia norteamericana, que atenta contra la convivencia pacífica, los derechos humanos y la vida de millones de personas en el mundo entero», concluyó Arreaza.