El Congreso de Brasil se aprestaba a votar el martes el congelamiento del gasto público durante 20 años, la primera de las medidas de austeridad promovidas por el presidente Michel Temer, que ya provocaron violentas protestas.
La Policía bloqueó las principales arterias de Brasilia y procedía a registrar a personas en las inmediaciones del Congreso antes de las manifestaciones convocadas por la tarde por organizaciones estudiantiles y la Central Única de Trabajadores (CUT), el mayor sindicato del país.
Las autoridades informaron de incidentes desde primeras horas de la mañana en varias ciudades, entre ellas Sao Paulo y Porto Alegre, con barricadas y cortes de calles importantes.
La sesión se llevaba a cabo después de divulgarse encuestas que confirman el fuerte desprestigio de la clase política y de los proyectos en marcha. Según los últimos elementos del sondeo Datafolha que empezó a publicarse el fin de semana, un 60% de los brasileños se opone a la enmienda del «techo de gastos» (un 24% la apoya) y un 58% estima que el Congreso es «malo» o «pésimo».
La reforma del «techo de gastos» implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.
Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163.000 millones de reales (48.000 millones de dólares) en 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff (PT, izquierda), no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.
El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma «desprovista de cualquier matiz y compasión», que «afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables».
Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.
