El expresidente de Estados Unidos Donald Trump solicitó en las últimas horas ante un juzgado de Florida que Twitter le reactive su cuenta, suspendida en enero pasado tras sus mensajes que derivaron en el asalto al Capitolio comandado por un grupo de sus seguidores.

Según el exmandatario, la red social canceló su cuenta por presiones políticas de sus rivales, por lo que pide que su perfil se reabra de manera temporal hasta que se defina su demanda contra la empresa, a la que le reclama una restitución permanente.

Los abogados del magnate defendieron en su presentación que Twitter «ejerce un nivel de poder y control del discurso político inconmensurable, sin precedentes históricos, y profundamente peligroso para el debate democrático abierto», según reprodujo la agencia Bloomberg.

Además, aseguran que la red social censuró a Trump durante su presidencia al catalogar sus mensajes como «información dudosa» o indicando que violaban las reglas de la plataforma contra la incitación a la violencia, añadió la agencia de noticias Europa Press.

Twitter decidió suspender la cuenta del entonces mandatario, que tenía más de 88 millones de seguidores, después de que el 6 de enero un grupo de sus simpatizantes invadiera el Capitolio para intentar detener la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden.

Previo a ese ataque, en el que murieron cinco personas, Trump había utilizado su perfil de Twitter, su red social favorita, para asegurar en repetidas ocasiones que hubo «fraude» en los comicios en una acusación que fue refutada en la justicia y de la que no presentó pruebas.

Facebook tomó una decisión similar y en junio anunció que la suspensión de la cuenta durará dos años, el máximo castigo posible que contempla la plataforma, tras acusarlo de violar las reglas de la red social por «alentar y legitimar la violencia» durante el asalto al Congreso.

Otras plataformas como Twitch y aplicaciones como Google Play, entre otras, prohibieron o restringieron la difusión de mensajes del magnate a partir de sus últimos días de Gobierno, también bajo el argumento de «incitación a la violencia».