Tras las primeras señales de desabastecimiento de combustible y gas en La Paz, una operación conjunta de militares y policías reprimió este martes a los manifestantes que habían tomado la planta de gas de Senkata, en El Alto, en protesta al gobierno de facto.

La represión dejó un saldo de al menos tres muertos y decenas de heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, mientras que el gobierno de facto logró su objetivo y desde la planta de gas salió la primera caravana de camiones cisterna con destino a la capital.

Las víctimas fatales son: David Cusi, Edwin Paniagua y otra perona no identificada. Todos muertos producto de impactos de arma de fuego. También se reportaron unos 30 heridos. «Exigimos al Ministerio Público el esclarecimiento de los casos», reclamaron desde la Defensoría de ese país.

Los agentes de seguridad dispararon granadas de gas lacrimógeno para despejar el camino hacia Senkata, pese a que los manifestantes aseguraron que accedieron a permitir el paso de la caravana.

 

Luego de que policías y militares lograron retomar el control de la entrada y salida de camiones de la planta, el canal de televisión ruso RT mostró cómo las corridas y la represión continuaron cuando las fuerzas de seguridad dispararon balas y gases lacrimógenos.

La respuesta de Áñez: más recursos para las fuerzas armadas

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, le pidió a su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que evalúe los daños sufridos en las sedes policiales desde el inicio de las protestas.

«He instruido al Ministro de Gobierno que realice una evaluación y cuantificación de las pérdidas y destrucción de los equipos y dependencias de nuestras fuerzas policiales durante las manifestaciones para poder iniciar su recuperación, y puedan continuar con su servicio a Bolivia», anunció Áñez en un mensaje en su cuenta de la red Twitter.

Además, la presidenta de facto autorizó mediante un decreto la asignación de recursos para adquirir equipamiento para las Fuerzas Armadas, según se publicó en la Gaceta Oficial y la estatal agencia ABI.

Por otro lado, circuló por redes sociales un borrador del decreto mediante el cual Ánez convocaría a elecciones dentro de los próximos 90 días. Según se puede observar en el texto, se anularían las elecciones del pasado 20 de octubre -que dieron por ganador a Evo Morales- y, en las próximas elecciones además de votar presidente y vicepresidente, el pueblo boliviano también elegirá diputados y senadores.

Amnistía Internacional pide derogar el decreto que inmuniza a las fuerzas armadas

El decreto del nuevo gobierno de Bolivia que «promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas debe ser derogado inmediatamente», y la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez «tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas», advirtió Amnistía Internacional (AI).

«La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo», declaró en un comunicado la directora para América Latina de AI, Erika Guevara Rosas.

>Te puede interesar: Añez había autorizado el uso de las armas del viernes, sin “responsabilidad penal”

Añadió que «los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos».

AI señaló en que el decreto 4078 del 14 de noviembre, que no fue publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros «actúen en legítima defensa o estado de necesidad».

La organización expresó su preocupación por este decreto «que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad».

«La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días», alertó Guevara Rosas.

Añadió que Áñez, «quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales».

Refirió que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde los comicios del 20 de octubre al menos 24 personas han muerto y 715 resultado heridas, por lo que llamó a las autoridades a investigar «de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares».

Suspensión de la Asamblea

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del renunciante presidente de Bolivia Evo Morales, suspendió la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se iba a desarrollar este martes, con el objetivo de «contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país».

La Asamblea informó la decisión a través de un comunicado, en el que señaló: «Se comunica a las senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que la décima tercera sesión ordinaria de la Asamblea, convocada para el martes 19 de noviembre, a horas 18:30, será suspendida a efectos de crear y contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la consiguiente pacificación de país».

Eva Copa, la titular de la Cámara de Senadores, ya había señalado que tienen «toda la voluntad política de poder encarar una nueva elección». «Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas elecciones», apuntó.

En la sesión, la Asamblea debía aceptar o rechazar formalmente la renuncia de Evo Morales -quien se encuentra asilado en México- y decidir sobre la convocatoria a nuevos comicios.