La justicia vaticana espera terminar en febrero la etapa preliminar de «mero tránsito» en el juicio al cardenal Angelo Becciu y a otras cinco personas acusadas de malversaciones contra la Santa Sede, y poder «entrar en tema» para juzgar las supuestas irregularidades financieras con operaciones inmobiliarias por más de 200 millones de euros
Iniciado a fines de julio, el juicio a Becciu, el primero en la historia que tiene a un purpurado como imputado, sufrió a lo largo del semestre una serie de demoras y pausas que este martes derivaron en una nueva postergación, que obligará a retomar las audiencias el 25 de enero.
En un proceso que empezó con 10 acusados de los que solo quedan seis por errores en las acusaciones formales, el presidente del Tribunal vaticano Giuseppe Pignatone anunció una nueva pausa, hasta el 25 de enero, para dar tiempo a la desgrabación de 115 horas de testimonios en audio y video que constituyen uno de los puntos centrales del juicio.
En el proceso en el que junto a Becciu también quedan como imputados Tommaso Di Ruzza, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi, Cecilia Marogna y René Brullhart, todos los tiempos parecen destinados a alargarse.
Por eso desde el propio tribunal ya adelantaron que la próxima será una audiencia «de mero tránsito» una vez más.
«Espero que sea la última», planteó con resignación este martes Pignatone tras la sesión de apenas diez minutos en la que confirmó que las audiencias se retoman en más de un mes, luego de las transcripciones y su peritaje posterior.
Mientras tanto, los cuatro imputados que lograron una primera nulidad de su envío a juicio, siguen a la espera de que se les tome declaración para ver si son nuevamente imputados o si sus causas son archivadas.
Los interrogatorios que serán desgrabados, alojados en 53 discos, son los de monseñor Alberto Perlasca, considerado el testigo clave del proceso.
Perlasca, a quien se le registraron sus documentos y ordenadores en febrero de 2020, estaba inicialmente entre los investigados, pero fue luego eliminado de la lista de acusados tras un primer interrogatorio que hasta hoy no fue mostrado a las defensas del resto de los involucrados.
Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, que según la acusación fue adquirido en 2014 con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como «número 3» de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.
Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la fiscalía vaticana consideró: «También surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno».
Becciu y los otros nueve acusados enfrentan diversos cargos de delitos financieros como malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones, tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación con la compra y venta de propiedades, en especial un Palacio en Londres por casi 200 millones de euros.
En 2020, Perlasca fue interrogado un total cinco veces por el Promotor de Justicia, las tres últimas como persona con información sobre los hechos, y esos testimonios fueron la base utilizada para enviar a juicio a Becciu, el exjefe del monseñor.
Entre los acusados está también el operador financiero Gianluigi Torzi, acusado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.
Torzi, considerado el ‘broker’ del cardenal Becciu en la compraventa del polémico palacio de Londres, y uno de los imputados en la trama de presunta corrupción que está siendo juzgado por la Justicia vaticana, será finalmente extraditado a Italia para, a su vez, ser entregado a las autoridades de la Santa Sede, según informaron este martes los medios británicos.
El empresario, de 42 años, está acusado de extorsionar a funcionarios del Vaticano, así como por fraude y blanqueo de dinero en lo tocante al edificio de Sloane Avenue, en el londinense barrio de Chelsea y según la investigación fue una pieza imprescindible para una estafa que ha podido dejar un agujero superior a los cien millones de euros en las arcas vaticanas, y que podría ser mayor dependiendo de la cantidad con la que la Santa Sede, finalmente, venda el edificio.
Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró «una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre», dentro de un mega-esquema de fraudes.
El año pasado, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos en septiembre pasado y fue despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.
Ex sustituto de la Secretaría de Estado y considerado el «número 3» del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
