Un avión con solicitantes de asilo partirá en la noche de este martes hacia Ruanda, como parte de un controvertido y polémico plan del Gobierno británico para combatir la inmigración irregular.
El Gobierno de Boris Johnson acordó con las autoridades de Ruanda trasladar a los solicitantes de asilo que suelen cruzar de forma ilegal el Canal de la Mancha.
Solo el año pasado más de 28.000 personas arriesgaron sus vidas cruzando el canal en pequeñas embarcaciones y más de 10.000 en lo que va de este año, según la cadena pública BBC.
Se estima que al menos siete personas serán deportadas en este primer vuelo, según informaron los medios británicos.
La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, dijo a la cadena de televisión Sky News que no podía precisar exactamente cuántos inmigrantes estarían a bordo del avión que despegaría durante la noche de este martes, pero afirmó que este primer vuelo «despegará, incluso si en él solo viaja un número reducido de solicitantes de asilo».
También rechazó las afirmaciones de los líderes de la Iglesia de Inglaterra que dijeron que la iniciativa «avergüenza a Gran Bretaña».
Este martes, los líderes de la Iglesia de Inglaterra calificaron además la medida de «inmoral».
En una carta publicada en el diario Times, los arzobispos de Canterbury y York, así como los otros 24 obispos, dijeron que esa política «debería avergonzarnos como nación».
«La vergüenza es nuestra, porque nuestra herencia cristiana debería inspirarnos a tratar a los solicitantes de asilo con compasión, equidad y justicia, como lo hemos hecho durante siglos», apuntaron.
Según el mismo diario, en privado, el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, también censuró la controvertida política hacia los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país y la calificó como algo «espantoso».
Los comentarios realizados por el hijo mayor de la reina Isabel II causaron conmoción en el país porque la monarquía suele mantenerse al margen de la política y ser estrictamente imparcial.
Respecto a las críticas, Truss dijo que no está de acuerdo y aseguró que los «inmorales en este caso, son los traficantes de personas que comercian con la miseria humana».
«Esas personas deben sugerir una política alternativa que funcione. Nuestra política es completamente legal; es completamente moral. Lo que les digo a los críticos de la política, que no tienen alternativa sobre cómo lidiar con esta migración ilegal, es que no tienen alternativa, están criticando nuestra política, que es efectiva y funciona», insistió.
Este lunes, el Tribunal de Apelaciones británico descartó frenar los planes para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo y respaldó la decisión que ya tomó la semana pasada el Tribunal Superior de Londres, que falló en contra de adoptar medidas cautelares contra las deportaciones antes de que en julio se celebre un juicio completo sobre su legalidad.
El sindicato Public and Commercial Services, que agrupa a más de un 80 % de los empleados del sistema de aduanas británico, y algunas organizaciones no gubernamentales habían apelado a la Justicia para tratar de suspender los vuelos a Ruanda.
Este martes se hizo público que algunos de los solicitantes de asilo amenazaron con suicidarse si se consuma su expulsión.
Entre ellos, un joven de 25 años, que usó el seudónimo de Zahir, declaró que no puede comer, ni dormir y se preguntaba por qué tiene que ir a Ruanda
Según Sky News, el joven que huyó de Irak hace dos meses contó que pasó nueve días en la ciudad francesa de Calais antes de embarcarse en una precaria embarcación para llegar a Reino Unido.
