Trabajadores nucleados en la CGT francesa y otras centrales sindicales ocuparon este martes la sede del Comité Olímpico de Verano de París 2024 para rechazar la reforma jubilatoria decretada por el presidente Emmanuel Macron.

Las imágenes televisadas este martes en los medios de comunicación franceses mostraron a los manifestantes invadiendo el edificio, ubicado en Aubervilliers, al norte de París, para repudiar la impopular medida sancionada unilateralmente por el mandatario hace casi tres meses atrás.

«Varias decenas de militantes de la CGT entraron durante unos minutos en el edificio para desplegar pancartas contra la reforma de las pensiones. No hubo violencia ni daños», declaró a Reuters un portavoz de los Juegos.

Los líderes sindicales se adelantaron frente a la Asamblea Nacional en París antes de las marchas de protesta en todo el país en un último intento de presionar a los legisladores para que deroguen una ley que ya está en los libros estatutarios.

«Las protestas llevan seis meses, no tiene precedentes. Hay mucha rabia, pero también cansancio», declaró Sophie Binet, la nueva líder del sindicato CGT, en BFM TV.

No obstante, Binet apostó por un nivel de movilización «extremadamente alto» para este martes y aseguró que la CGT está preparada para mantener la lucha contra la reforma en las próximas semanas.

«No se trata de un último cartucho», pero podría ser «una de las últimas jornadas de movilización», dijo este martes en declaraciones a la emisora Europe 1 el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger.

En marzo pasado, Marcron invocó el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al gobierno aprobar una ley sin necesidad de que sea votada, para adoptar la reforma que iba a ser rechazada por los diputados y que retrasa de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanto a 2027 la obligación de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una jubilación completa.

Pese a que cientos de miles de personas, convocadas por los sindicatos, protestaron desde enero contra esta reforma, el presidente la promulgó en abril con la intención de que entrara en vigencia en septiembre.

Pero los sindicatos no se rinden y, con la esperanza de que el Parlamento derogue la ley –algo que se anuncia muy complicado–, convocaron una 14° jornada de protestas y manifestaciones para hoy, dos días antes de una votación en la Asamblea Nacional (Cámara baja) para derogar la reforma.

El oficialismo, que ya apeló a mecanismos constitucionales para imponer esta reforma, podría el jueves usar uno nuevo para declarar inadmisible un punto clave de la propuesta de derogación presentada por el grupo parlamentario centrista LIOT.

Esto sería «un escándalo democrático», advirtió la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet. Para LIOT y la oposición de izquierda, esto recrudecería «la ira y la violencia», sostuvo la sindicalista, citada por la agencia de noticias AFP.

La alcaldesa de París, la socialdemócrata Anne Hidalgo, expresó este martes su apoyo a las protestas y lamentó que no se haya consultado a la población antes de aprobar la reforma jubilatoria.

«Doy la bienvenida a ese movimiento. Brinda un ejemplo, es pacífico y unido. Los sindicatos lograron expresar los temas que los políticos, incluida la izquierda, no han podido llevar al debate público», expresó Hidalgo en declaraciones a la emisora de radio France Inter.

«Muestran que el sistema es profundamente injusto», y que sigue «castigando a los más pobres», lo que expone el «colapso total» de la democracia, aseveró Hidalgo, quien lamentó que no se haya consultado a la población antes de aprobarlo, informó la agencia de noticias Europa Press.

Macron, de visita en el Monte Saint-Michel con motivo del milésimo aniversario de la abadía ubicada en el noroeste del país, dijo este lunes que se puede debatir «de todo», pero «respetando la Constitución».

Las autoridades esperan entre 400.000 y 600.000 participantes en las 250 protestas previstas en toda Francia, por lo que desplegaron a unos 11.000 policías y gendarmes.

Pero la participación parece lejos de los 1,28 millones de manifestantes del 7 de marzo (3,5 millones, según la CGT). El impacto de la huelga, en el sector eléctrico y los transportes, también se anuncia menor.