El Senado de Chile rechazó este jueves la propuesta de la oposición de reservar 25 escaños para los pueblos indígenas en la Convención que redactará una nueva Constitución, integrada por 155 convencionales, al no alcanzar los 26 votos a favor necesarios para aprobar la medida.
La propuesta, aprobada ya en la Cámara de Diputados, necesitaba el voto a favor de 3/5 de la Cámara Alta, pero sólo logró 24 y tuvo 15 en contra, por lo que fue rechazado y ahora pasará a una comisión mixta, integrada por diputados y senadores para lograr un acuerdo sobre este proyecto, que busca que la nueva Carta Magna tenga participación de los pueblos ancestrales, principalmente de la etnia mapuche.
Esta reforma busca que dentro de los 155 representantes que redactarán la nueva Constitución, que dejará atrás el texto creado durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), estén los pueblos ancestrales originarios, que reclaman mayores reivindicaciones políticas, sociales y económicas.
La propuesta de la oposición pide agregar a los 155 representantes 25 escaños reservados adicionales para los pueblos originarios, pero los parlamentarios oficialistas proponen que sean 15 dentro de los 155.
El senador del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, calificó la falta de quórum en el Senado de “lamentable” y cuestionó a sus pares por “no sumarse al esfuerzo de aprobar hoy los escaños”, pero advirtió que insistirán “en los próximos pasos, ya sea un tercer trámite o en una comisión mixta”.
“No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y estamos en lo que se denomina un punto muerto y no podemos darle representatividad a los pueblos indígenas en un proceso que no puede escribirse sin ellos”, aseguró del lado oficialista, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
En Chile, se elegirán el 11 de abril próximo los 155 convencionales constituyentes que deberán redactar una nueva Constitución en un lapso de 12 meses como máximo, lo que terminaría con la constitución pinochetista, redactada en 1980.
Renunció el jefe de Carabineros
La jornada de este jueves fue movida para el vecino país, ya que también renunció el director general de Carabineros de Chile, Mario Rozas, luego de un operativo policial donde resultaron heridos de bala dos menores de edad en la ciudad de Talcahuano, lo que potenció los reclamos de una urgente reforma de la institución, cuestionada por su accionar violento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que aceptó la renuncia de Rozas y designó al general Ricardo Yáñez como nuevo director de la policía, a quien ya le asignó su primera tarea al frente de la institución.
“Le hemos hecho un encargo muy especial, impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile, que es totalmente necesaria”, expresó el mandatario, quien se solidarizó “con los niños, familiares y carabineros que resultaron lesionados”.
El detonante para la salida de Rozas tuvo lugar en la tarde del miércoles, cuando efectivos policiales ingresaron al centro Carlos Macera, y dispararon sus armas reglamentarias, resultando heridos de bala dos menores de edad.
Los adolescentes de 14 y 17 años, no presentan riesgo vital, según aclaró la directora del hospital de Talcahuano, Patricia Sánchez, en al parte médico de los jóvenes.
El menor de los heridos ingresó al recinto de salud con herida de bala en la pierna, sin lesiones óseas y se encuentra en buen estado, pero estará bajo observación durante los próximos días.
El mayor fue intervenido exitosamente en el quirófano por un disparo en su muslo y está en recuperación.
Respecto a los Carabineros involucrados en el suceso, tres presentaron heridas cortantes y uno de ellos sufrió una fractura en su antebrazo.
La administración de Rozas siempre estuvo bajo la lupa, especialmente desde los hechos del denominado estallido social del 18 de octubre del año pasado, cuando su labor fue cuestionada por organismos de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza y represión a manifestantes de parte de los uniformados.
A raíz de esos hechos, varios oficiales de policía fueron desvinculados de la institución y procesados por la justicia chilena.
