El Gobierno peruano prorrogó por 10 días la vigencia del toque de queda en Puno, uno de los centros neurálgicos de las protestas, tras una nueva jornada de manifestaciones que dejó varios heridos por perdigones y piedras en la capital, Lima, hasta donde llegaron marchas de todo el país.

La medida es complementaria al estado de emergencia dispuesto en el marco de la escalada en la conflictividad social en la ciudad de la sierra peruana, donde este martes se repitió la violenta represión sobre los manifestantes.

El Decreto Supremo, publicado anoche en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial , precisa que durante la «inmovilización social obligatoria» las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo. Durante las protestas murieron 46 personas en enfrentamientos, nueve por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos y un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto, informó la Defensoría del Pueblo en su último reporte.

Ayer, cuando la capital vivió su jornada de protesta más violenta, con varios heridos por perdigones y piedras, la convulsión social obligó a un nuevo cierre del aeropuerto de Cuzco, epicentro del turismo en Perú.

En el centro de Lima se registraron enfrentamientos y una fuerte represión contra los manifestantes, y el casco histórico se convirtió en un campo de batalla donde volaron bombas lacrimógenas.

Dos fotógrafos de medios internacionales, uno de ellos de la Agencia France-Presse, recibieron impactos de perdigones y piedras en una de sus piernas mientras cubrían la manifestación que, convocada por campesinos y estudiantes universitarios, tuvo un inicio pacífico pero derivó en violencia con el ingreso de manifestantes encapuchados y con escudos caseros.

En la región Ica, 300 kilómetros al sur de Lima, ocho suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos en un ataque al margen de una multitudinaria manifestación para bloquear un tramo de la carretera Panamericana Sur, informó el Ministerio de Interior.

«Nosotros, todo el pueblo peruano, no vamos a dar tregua. No tenemos nada que hablar con la señora (la presidenta Dina) Boluarte. La señora sabe muy bien: lo único que quiere el pueblo es que renuncie y que haya nuevas elecciones», dijo a la AFP Carlos Avedano, un campesino de 35 años, que llegó a Lima desde Andahuaylas, una ciudad a 754 kilómetros al sureste de la capital.

En Cusco, 1350 kilómetros al sur de Lima y donde se han producido las protestas más violentas que se saldaron con 18 muertos a principios de enero, ingresó un contingente militar marchando por la calle principal, exclamando arengas en defensa de la patria.