La ministra de Información de Líbano, Manal Abdel Samad, anunció este domingo su renuncia, con lo que se convirtió así en la primera baja en el Gobierno tras las explosiones que el martes último arrasaron el puerto de Beirut y profundizaron una serie de protestas callejeras que el país soporta desde octubre pasado.

«Después de la enorme catástrofe de Beirut, anuncio mi renuncia al Gobierno», dijo Abdel Samad en un escueto comunicado recogido por la agencia de noticias oficial NNA.

Además, la ya exministra pidió perdón a los libaneses por no poder «colmar sus aspiraciones», añadió el reporte de la agencia libanesa reproducido por la española Europa Press.

Los libaneses tomaron las calles el pasado octubre por la grave crisis económica que sufre la nación árabe, la peor desde su guerra civil de la década del 80 del siglo pasado.

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Las protestas se reanudaron esta semana por las explosiones en Beirut, que los manifestantes achacan a la extendida corrupción de la clase dirigente.

Al menos un policía murió y otros 175 integrantes de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas, según reportó el Gobierno, que confirmó también que entre los manifestantes se contabilizaron alrededor de 700 lesionados.

La muerte del agente ocurrió en el hotel Le Grey, en el centro de la ciudad, y se investiga si fue arrojado por el hueco de un ascensor, como afirmaron algunos testigos. Por su muerte han sido detenidas 20 personas, «13 de las cuales habían consumido drogas», según un comunicado de las fuerzas de seguridad recogido por Europa Press.

Los manifestantes, que se contaron por miles, llegaron a ocupar varios ministerios y el Gobierno tuvo que desplegar al Ejército.

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En este contexto, el primer ministro, Hasán Diab, propuso anticipar las elecciones parlamentarias, asumiendo que «la explosión que sacudió el puerto se produjo debido a la corrupción».

La enorme detonación, que ha dejado un cráter de 43 metros de profundidad, según fuentes de seguridad citadas por la prensa libanesa, fue provocada por el almacenamiento inadecuado de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que fueron incautadas en 2014 al buque Rhosus, de un empresario ruso y con pabellón moldavo, por no pagar las tarifas portuarias.

Más de 150 personas murieron, la mayoría operarios del puerto a los que la explosión sorprendió en su puesto de trabajo, unas 5.000 han resultado heridas y cerca de 300.000 se han quedado sin casa.