Puerto Rico anunció hoy una histórica reestructuración judicial de una porción de su deuda de 70.000 millones de dólares tras el fracaso de las negociaciones entre el territorio norteamericano y sus acreedores, desatando el proceso de bancarrota más grande de la historia del mercado de deuda municipal de Estados Unidos.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por el Congreso estadounidense para atender la grave crisis financiera de la isla, aceptó anoche su propuesta de llevar a la Justicia una cierta porción de la deuda.
«Vamos a proteger a nuestro pueblo», dijo Rosselló horas después de que el territorio estadounidense recibió múltiples demandas de acreedores que buscan recuperar los millones de dólares que invirtieron en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico, que ha declarado varios default tras una recesión de 10 años.
Rosselló dijo que una de las demandas buscaba quedarse con todos los ingresos públicos de la isla.
«No voy a permitir que eso pase», agregó.
Poco más tarde, la JSF acudió a un tribunal federal en San Juan y solicitó el establecimiento del título III de la ley federal Promesa que establece, mediante la declaración de una quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda de 70.000 millones de dólares, informó la agencia de noticias EFE.
La normativa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el gobierno puertorriqueño y los acreedores, se haya agotado sin éxito.
El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
En un comunicado el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta determinó que la medida era «necesaria» y «apropiada» para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, después de que la moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejara de tener efecto a partir del lunes.
Ello abrió la puerta al proceso de quiebra, iniciado hoy, tutelado por la Justicia.
Carrión enfatizó que este amparo al Título III no debe impedir los «esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores».
El Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, intentó dar solución a la deuda de la isla con la aprobación en junio de 2016 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
«La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones», dijo Carrión.
En el comunicado, Carrión a su vez, recordó que el Plan Fiscal recientemente impuesto por la JSF y aplicado por el Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda.
«Pero los problemas de liquidez y solvencia del gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre», remarcó.
En su solicitud de quiebra, la JSF detalla todos los acreedores y remarca que debe alrededor de 12.000 millones de dólares en bonos de la isla.
