El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó hoy la ley que habilita a convocar un plebiscito el próximo 26 de abril para cambiar la Constitución en aquel país tras un histórico acuerdo político en medio de las protestas que se desataron el pasado 18 de octubre en contra del Gobierno.
De esta manera, 14 millones de chilenos votarán para responder si aprueban o rechazan crear una nueva Constitución, mientras que también determinarán el mecanismo para modificarla entre una Convención Constituyente 100% electa o Convención Mixta con 50% de delegados electos y 50% de congresistas.
«En los países sabios, en las democracias sólidas, en las sociedades visionarias, la Constitución es el gran marco de unidad que da certeza, estabilidad y seguridad al devenir de los pueblos», manifestó Piñera en el Palacio de la Moneda.
Y agregó: «Es la carta fundamental, lo que los sajones llaman la ley de la tierra, y que permite a los países asumir con sabiduría y eficacia las legítimas diferencias del presente, pero también mirar con una mirada y visión compartida los desafíos del futuro».
«Lo que hemos vivido en los últimos 66 días es una clara y elocuente muestra del cambio. Los ciudadanos tendremos, no solamente la primera palabra respecto a la naturaleza y mecanismo de este acuerdo, a través de un plebiscito de entrada, sino que también tendremos la última palabra respecto a los principios y contenidos de esa nueva constitución a través de un plebiscito ratificatorio», señaló el mandatario chileno.
Por otra parte, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) aseguró hoy en su informe anual que durante las protestas sociales que comenzaron en Chile el 18 de octubre último se han violado gravemente los derechos, integridad física y psíquica de los manifestantes.
«El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana», indica el reporte.
Por ese motivo, el organismo llamó a adoptar medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, que deben contemplar un acceso prioritario y especializado a la salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones.
