Las autoridades de la provincia de Ankara anunciaron hoy que queda prohibida toda protesta, huelga, reunión o conmemoración pública durante el mes de agosto, argumentando que estas concentraciones aumentan el peligro de atentados y en coincidencia con el inicio del megajuicio contra más de 400 opositores acusados de golpismo.
En un comunicado, la oficina del gobernador alude a la detención de Nuriye Gulmen y Semih Ozakca, dos profesores turcos en huelga de hambre desde hace más de 140 días en protesta contra un decreto que provocó su despido.
El gobierno provincial los relaciona con el grupo ultraizquierdista Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C) y argumenta que la prohibición de protestas en el espacio público evita muestras de apoyo a este grupo.
Por otro lado, la gobernación de Ankara indica que las manifestaciones «perturban a los ciudadanos y el orden público» y facilitan la actuación de grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), informó la agencia de noticias EFE.
La restricción a las manifestaciones coincide con el inicio, ayer, del mayor proceso judicial por el fallido golpe de Estado ocurrido hace un año, que se realiza en un tribunal del centro penitenciario de Sincan, en la capital turca.
La mayoría de los 486 acusados son militares de alto rango sospechosos de haber dirigido la asonada desde la base aérea de Akinci, en el noroeste de la capital, lugar que el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan considera como la sede golpista desde donde se enviaron las órdenes para bombardear el Parlamento turco en la noche de la asonada.
La fiscalía acusa a los procesados de asesinato (la noche del 15 al 16 de julio de 2016 murieron 249 personas y resultaron heridas otras 2.193), de violación de la Constitución y de intento de asesinar al presidente Erdogan, según informó la agencia de noticias.
La prohibición de protestas y actos públicos se impuso bajo la cobertura del estado de emergencia declarado en el país después del intento de golpe.
Durante el estado de emergencia, las autoridades tienen potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.
La restricción también coincide con la decisión del Consejo Supremo Militar (YAS) que hoy aprobó hoy la sustitución de los comandantes del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los tres militares (Zeki Colak en Tierra, Abidin Unal en Aire y Bulent Bostanoglu en la Armada) estaban en el cargo cuando se produjo la asonada.
La decisión, tomada hoy por el YAS bajo la dirección del primer ministro turco, Binali Yildirim, se hará oficial cuando sea ratificada por el presidente Erdogan.
Esta es la tercera reunión del YAS desde el fallido golpe militar y, tras la asonada, el Gobierno reestructuró este órgano, que decide los ascensos y promociones en las Fuerzas Armadas.
Así, redujo de catorce a cuatro el número de militares en el YAS y aumentó el de miembros del Gobierno, con lo que los cargos civiles son ahora mayoría.
