Los principales cabecillas de la trama de corrupción Gürtel, vinculada al gobernante Partido Popular (PP) español, fueron condenados hoy a penas de hasta 13 años de prisión por irregularidades en la adjudicación de contratos del gobierno regional valenciano para la feria de turismo FITUR entre 2005 y 2009.
Diez meses después de que culminara el juicio de la rama valenciana del caso, el jefe de la red de corrupción Gürtel, el empresario Francisco Correa, recibió su primera condena de 13 años de prisión, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia (TSJV).
El número dos de la trama, Pablo Crespo, y el representante de la red en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes», fueron condenados a 13 y 12 años de cárcel respectivamente.
Entre las condenas más altas figura la de Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo del gobierno valenciano y ex presidenta del parlamento regional, quien recibió nueve años de prisión y 10 de inhabilitación, según la sentencia.
A la ex dirigente del PP se la considera responsable no sólo de no haber hecho un control efectivo de los pagos a las empresas beneficiadas con los contratos públicos, sino de alterar los criterios de las adjudicaciones para beneficiar irregularmente a las empresa del grupo de Correa.
La causa investigó cinco años seguidos de adjudicaciones de contratos para el diseño y montaje del pabellón valenciano de la feria internacional de turismo Fitur, y otros certámenes turísticos por un valor de cinco millones de euros.
El tribunal condenó a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
De acuerdo con el dictamen, la red de empresas de Correa constituía una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
El entramado contaba con información privilegiada, lo que les permitía conocer los contratos públicos por anticipados y, en algunos casos, incluso los modificaban a su conveniencia.
Como estas empresas carecían de medios personales y materiales para ejecutar los trabajos para los que se presentaban, subcontrataban a terceros. Así, obtenían un enriquecimiento irregular ampliando los márgenes de ganancias de forma desproporcionada, por ejemplo, facturando gastos inexistentes.
En el centro de este caso está Orange Market, la principal empresa de la red que proveía de servicios del PP de Valencia, entre ellos la organización de campañas electorales.
Precisamente el próximo lunes comienza el juicio sobre la financiación ilegal del PP valenciano a través de la red Gürtel, que sienta en el banquillo de los acusados a la cúpula de los conservadores de esa región, a excepción del ex presidente Francisco Camps.
