Por Ramiro Torres

Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Rusia nunca fueron de las más sólidas. Ahora bien, la última semana las ha llevado a su punto más bajo desde la anexión de Crimea por parte de los rusos en 2014 y la siguiente aplicación de sanciones por parte de Europa y Estados Unidos.

Las ambiciones territoriales de Putin en Europa oriental, las campañas de desinformación rusas en los miembros de la UE, la falta de un Estado de Derecho sólido en Rusia y las aspiraciones autoritarias del presidente han marcado las relaciones con la UE en los últimos años.

Sin embargo, un nuevo factor ha empeorado el ya rocoso vínculo. El 20 de agosto de 2020, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado con un agente nervioso según confirmaría la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (Opaq) en octubre de ese año.

A los pocos días de su hospitalización en la ciudad rusa de Omsk, Navalny fue llevado a Berlín para ser inducido continuar su tratamiento.

Es en Alemania donde las relaciones entre europeos y rusos volverán a complicarse. Toxicólogos alemanes y expertos de la Opaq descubrieron que el envenenamiento se produjo con una nueva variante del agente nervioso Novichok. Este tipo de arma química no podría fabricarse sino en laboratorios especializados. Más adelante, laboratorios toxicológicos en Francia y Suecia confirmarían los resultados alemanes y de la Opaq.

El uso de un agente tan complejo descartó que se tratase de una simple operación, sino que todo apuntaba a algún servicio de inteligencia. Los alemanes descartaron que se tratase de uno extranjero, pues Navalny se encontraba bajo vigilancia del Servicio de Seguridad Federal ruso. Todo esto levantaba sospechas de que el envenenamiento haya sido ordenado por el Estado ruso para silenciar a un disidente político.

Durante su recuperación, el dirigente opositor dijo: “Entiendo que Putin estuvo detrás del crimen y no tengo otra explicación para lo que ocurrió. Solo otras tres personas pueden dar órdenes de usar el agente Novichok, pero ni el director del Servicio Federal de Seguridad Alexander Bortnikov, el jefe del servicio de inteligencia extranjera Sergey Naryshkin y el director Principal del Estado Mayor pueden tomar tal decisión sin las ordenes de Putin”.

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Más adelante, una investigación de Bellingcat, The Insider, CNN y Der Spiegel confirmaría las sospechas de Navalny. A esa investigación se sumaría una llamada que Navalny tuvo con un Konstantin Kudryavtsev, la cual se publicó el 21 de diciembre de 2020. Kudryavtsev sería un agente del Servicio Federal de Seguridad involucrado en el envenenamiento. En la misma, el dirigente opositor se hizo pasar por un asesor del Secretario de Seguridad ruso y le pidió al agente que explicase por qué falló la operación.

La misma se realizó con un software que hacía parecer que el teléfono de Navalny era uno del Servicio Federal de Seguridad. Rusia dijo que la llamada era una provocación que no podría haberse hecho sin la ayuda de servicios de inteligencia extranjeros.

De más está decir que el envenenamiento de un dirigente opositor no sirvió para bajar las ya existentes tensiones. Sin embargo, la detención de Navalny este 17 de enero es lo que llevaría estas tensiones a ebullición.

Antes de su vuelta a Rusia, el Servicio Federal Penitenciario dijo que el dirigente se enfrentaría a ser arrestado por violar los términos de su libertad condicional, la cual le había sido dada en 2014. La Corte Europea de Derechos Humanos dijo en su momento que la condena a Navalny no era legítima.

El arresto de Navalny el 17 de enero traería consigo el comienzo de protestas pidiendo por su liberación y en contra de la corrupción del gobierno ruso.

El 2 de febrero, el Poder Judicial ruso sentenció a Navalny a dos años y medio de prisión por violar su libertad condicional, al estar recuperándose en Alemania. Esta sentencia fue muy mal recibida en Europa donde el presidente francés, Emmanuel Macron, tweeteó que la detención era “inaceptable” y que el respeto por los Derechos Humanos y la libertad democrática “no son negociables”.

La sentencia se dio el martes después de que, tras masivas protestas, las autoridades rusas detuvieran a más de 5000 personas, incluidos más de 80 periodistas.

La sentencia de Navalny, y su terrible recepción en Europa, llevó a que ese viernes el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, viajara a Moscú con el objetivo de calmar las tensiones.

Joseph Borrel junto al el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

La visita de Borrell no fue la mejor. En una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que “la Unión Europea no es un socio confiable” a la vez que cuestionó los resultados de la investigación alemana, francesa, sueca y de la Opaq sobre el caso Navalny.

Como cereza del postre, mientras ambas delegaciones celebraban una reunión de trabajo, los europeos se enteraron que tres diplomáticos alemanes, polacos y suecos fueron expulsados por Rusia por haber ido a las protestas en favor de Navalny.

La expulsión de los diplomáticos europeos fue condenada por Macron y Merkel, la Canciller alemana, luego de una reunión virtual. A los pocos días, Alemania, Suecia y Polonia echarían a tres diplomáticos rusos en retaliación.

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La visita de Borrell fue tan desastrosa, que 73 europarlamentarios firmaron una carta pidiendo su renuncia. Sin embargo, la comisión continúa respaldándolo y la carta no está firmada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Este martes 9 de febrero, Borrell defendió su visita a Rusia diciendo que fue “importante ir”, pero adelantó que propondrá la aplicación de nuevas sanciones por la situación del Estado de Derecho y Derechos Humanos bajo el régimen de Putin. Las mismas serán discutidas en una reunión de cancilleres europeos el próximo 22 de febrero.

La idea de nuevas sanciones parece estar ganando tracción. La Primer Ministra de Estonia, un país que tiene fronteras con Rusia y fue parte de la Unión Soviética, pidió que se acelere el proceso de nuevas sanciones.

Sin embargo, ninguna de las sanciones que se han aplicado hasta ahora han frenado el comportamiento ruso que los europeos quieren limitar. Rusia sigue incursionando en Ucrania, esparciendo desinformación, deteniendo disidentes, y fortaleciendo la figura de Putin.

No está claro si nuevas sanciones harán que la justicia rusa revise su sentencia sobre Navalny. Lo que sí es seguro es que no mejorarán estas truncas relaciones y que las tensiones seguirán escalando.