La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó a los partidos opositores que demandan su destitución y les sugirió que «deberían proceder de acuerdo con la Constitución».
En la conferencia, la mandataria también se refirió al pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Lula presentado por la Fiscalía de San Pablo, de la que advirtió que «pasó todos los límites». «El gobierno repudia el acto practicado contra el (ex) presidente Lula», dijo Rousseff.
La Fiscalía paulista solicitó durante el pasado jueves la prisión preventiva de Lula por delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en un proceso por corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras.
Rousseff abundó en que la petición de la fiscalía «sobrepasa el sentido común» y es un «acto de injusticia», sobre todo debido al bagaje político de Lula y por el «respeto internacional» del que goza.
La mandataria se negó a comentar los rumores de que habría ofrecido un ministerio a Lula, pero aseguró que «tendría el mayor orgullo» de incluirlo en su gabinete.
También criticó las «filtraciones selectivas» a la prensa de los casos de corrupción y advirtió que «los rumores son negativos para la economía», y aprovechó para pedir «más diálogo», «menos turbulencia» y «pacificación» para reducir la crisis política que atraviesa el país.
En relación a las protestas convocadas para el domingo contra su gobierno, pidió que sean «pacíficas» y apuntó que las manifestaciones son «una de las victorias de la democracia brasileña».
