Perú multó a la petrolera española Repsol por 1,2 millones de dólares al considerar que incumplió con la identificación de zonas afectadas por el derrame de 12.000 barriles de petróleo en su costa central el 15 de enero, un hecho que el Gobierno describió como «la peor emergencia ambiental» registrada en el país.

Por su lado, Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos su presidente de la empresa en Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, mientras que los demás ejecutivos son peruanos.

Según el organismo, tras el desplazamiento de hidrocarburos en las playas a inicios del año, iniciaron los trabajos de supervisión por lo cual se «ordenó de manera inmediata» a Repsol que proceda a la identificación de las zonas afectadas.

Sin embargo, el OEFA señaló «que Repsol no acreditó el cumplimiento de la medida», consignó la agencia de noticias AFP.

La agencia determinó «la responsabilidad administrativa» de la empresa y decidió imponer la multa en el marco de los procedimientos administrativos punitivos iniciados contra Repsol.

A su vez, impuso seis multas a la firma española por un total de unos 740.000 dólares entre enero y junio.

Consignaron que el derrame en el mar ocurrió el 15 de enero, mientras el buque ‘Mare Doricum’, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, pero, la compañía atribuyó el hecho al oleaje causado por una erupción volcánica en Tonga, al otro lado del océano Pacífico.

 
 
 
 
 
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Sin embargo, el derrame de crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.

Asimismo, Repsol informó en abril que culminó las acciones de primera respuesta en 28 playas afectadas por el crudo.

Sin embargo, la evaluación del Ministerio de Salud mantiene la calificación sanitaria de «mala» en 25 playas de seis distritos de Lima y del Callao, desde Ventanilla hasta Chancay, al norte.

Además, las actividades pesqueras y turísticas en la zona se vieron afectadas desde el siniestro, considerado «la peor emergencia ambiental» registrada por Perú.