A la relación áspera con el Congreso, se suma una gestión de Pedro Castillo marcada por una constante rotación de altos cargos gubernamentales. Betssy Chávez se convirtió en la quinta primera ministra. Después, en otra ceremonia, el mandatario realizó seis cambios en su Gabinete de 18 ministros.
Chávez, que ocupaba la cartera de Cultura y antes fue ministra de Trabajo, juramentó al cargo ante Castillo en reemplazo de Aníbal Torres. En la reorganización, ratificó a Kurt Burneo como ministro de Economía y nombró al ingeniero de minas, Oliverio Muñoz, como ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Alessandra Herrera.
Castillo había anunciado la noche del jueves la renuncia de Torres, luego de que el Congreso rechazó el pedido de un voto o «cuestión de confianza» de su primer ministro, alegando que la iniciativa no cumplía con los requisitos legales.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución y el Congreso está buscando respaldo para un nuevo juicio político, aunque han reconocido que no se tienen los votos necesarios.
Según la Constitución, si un voto de confianza es rechazado por el Congreso, todo el Gabinete del Gobierno debería renunciar. Si se rechaza dos veces una «cuestión de confianza» a un primer ministro, el presidente está facultado para disolver el parlamento y a convocar elecciones legislativas.
En el 2019, el presidente centrista Martín Vizcarra disolvió el Congreso, después de dos votos de censura en una intensa riña con la oposición. Al año siguiente, un nuevo Congreso destituyó a Vizcarra en medio de acusaciones de corrupción.
El mandatario izquierdista calificó la decisión del Congreso como un «rehusamiento expreso (al pedido) de la confianza».
La interpretación fue rechazada por líderes opositores. «El presidente no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución», dijo el jefe del Congreso, José Williams Zapata, en un mensaje grabado.
El legislador y militar retirado, Roberto Chiabra, del partido conservador Alianza para el Progreso, dijo que Castillo está buscando una disolución del Congreso «desde que se presentó una cuestión de confianza que no procedía».
Congresistas opositores dijeron que el Congreso, en su defensa, puede acusar a Castillo por «infracción constitucional», porque él ha interpretado el rechazo al voto de confianza como una denegación para poner al Congreso al borde de su disolución.
Esta semana, una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo en Lima y se reunió con diferentes actores políticos para analizar la crisis política. El grupo debe entregar un informe en los próximos días.
