La pandemia global de coronavirus puso a prueba la capacidad de todos los países del mundo, quienes debieron afrontar una crisis que no sólo es sanitaria, sino también económica. Ante el cierre de comercios y fábricas y la suspensión de diversas actividades, los gobiernos debieron socorrer a los ciudadanos, quienes vieron mermar sus ingresos.

Argentina no fue la excepción. Con una economía paralizada, el gobierno que lidera Alberto Fernández anunció -días después de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio- el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual consiste en un bono de $10.000 para trabajadores informales y monotributistas. Además, lanzaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en el cual el Estado se compromete a pagar la mitad del sueldo a los trabajadores privados (abonando sumas que varían entre los $16.875 y los $33.750).

Pese a que estos beneficios económicos u otros que puedan estar en análisis suelen ser vilipendiados por algunos sectores como un gasto, Argentina no fue el único país que tomó medidas para paliar la crisis económica. El Gobierno de España, por ejemplo, aprobó un ingreso mínimo vital para situaciones de pobreza severa, con el objetivo de llegar a 850.000 familias y beneficiar a 2,3 millones de personas.

Sobre el beneficio, el presidente español Pedro Sánchez argumentó que esta prestación es similar a las que existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.

Francia es otro país que tomó acciones ante la crisis, pero desde la de hace una década atrás. En 2009, existe en ese Estado el Ingreso de Solidaridad Activa, destinado a personas sin ningún ingreso o como complemento a los que tienen pequeñas entradas de dinero. Esta ayuda llega a unos 2,5 millones de franceses.

Un programa similar rige en Alemania desde 2005 y es percibido por 3,8 millones de personas. En este caso, la ayuda está destinada a individuos que no registren ingresos, a quienes el Estado ayuda con 432 euros al mes, a los que se suman los costos de alquiler y gastos adicionales de la vivienda, que son asumidos por el gobierno. Además, los niños cuyos padres o tutores se encuentran en estas condiciones, reciben una asignación mensual de entre 250 y 328 euros, según la edad.

En Polonia no existe una prestación que garantice una entrada vital mínima, aunque las personas con ingresos inferiores a 157 euros mensuales que no puedan cubrir sus necesidades básicas, pueden solicitar ayudas temporales o de carácter puntual.

En Finlandia tampoco existe un ingreso mínimo vital, pero sí hay un subsidio básico de subsistencia que tiene el mismo fin, aunque no se trata de una cantidad fija para cada tipología de familia, como en España, sino que la suma se calcula de forma individualizada. A este subsidio pueden acceder las personas o familias cuyos gastos básicos sean superiores a sus ingresos totales, y el monto del subsidio equivale a la diferencia entre ambos.

Por su parte, en Dinamarca existe una ayuda social para personas de más de 30 años, que debido a una situación crítica no pueden mantenerse a ellos o a sus familias. El monto de este beneficio varía entre los 1.550 y los 2.059 euros brutos al mes, según el estado civil, los ingresos, la fortuna personal y si se tienen niños.

En Suecia existe una ayuda económica para personas con recursos insuficientes para mantenerse. Para acceder a ella es necesario cumplir tres requisitos: buscar activamente un empleo, haber solicitado antes todas las ayudas y retribuciones de la seguridad social, además de usar los ahorros propios; y que la ayuda solicitada se ajuste a un nivel de vida «razonable».

No hay una cuantía fija a recibir, sino que el monto depende de cada caso: a un individuo que viva solo, por ejemplo, se le asignaría una cantidad base bruta de 394 euros, a los que habría que sumar otras partidas por gastos como la vivienda.

En Noruega es la Agencia de Empleo Estatal (NAV) la que gestiona la ayuda social. Para acceder a este subsidio es necesario no ser capaz de mantenerse a uno mismo o a su familia, y el receptor del beneficio puede ser obligado a cambio a participar en cursos, prácticas u otras actividades para encontrar un empleo. Una persona puede recibir una ayuda base de 576 euros; mientras que una pareja recibiría 963 euros, a la que habría que sumarle otras cantidades por cada hijo o por gastos adicionales como vivienda.

Portugal creó en 2002 el Ingreso Social de Inserción, al cual pueden acceder las personas cuyos ingresos mensuales no superen los 189,66 euros (en el caso de vivir solos), un límite que aumentará en 132,76 euros por cada mayor de edad y en 94,83 euros por cada menor que formen parte de la unidad familiar.

En Reino Unido existe el «Universal Credit», un subsidio que ayuda a las familias con los menores ingresos. Para acceder a esta renta, los beneficiados deben ser mayores de 18 años y en edad de trabajar. Deben demostrar que están desempleados o tienen un ingreso muy bajo, estimado en menos de 17.100 euros  anuales.

Aunque la cantidad que se recibe depende de las circunstancias de cada uno -si es soltero, menor de 25 años o con uno o más hijos, por ejemplo-, el pago promedio es de 446 euros al mes. Este beneficio llega a 2,5 millones de personas.

En Italia existe una renta mensual, cuyo máximo es de 780 euros por persona si se vive solo y de 1.180 euros para una familia de cuatro personas. Para una pareja aumenta a 850 o 980 euros. Para acceder a este beneficio o todos los miembros de la familia deben tener más 67 años y estar jubilados o deben tener una renta de menos de 9.360 euros al año. A finales de 2019, los beneficiarios de este subsidio eran 2.370.938 italianos.

Además, para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, se aprobó una «renta de emergencia», de la que se prevé puedan beneficiarse más de dos millones de personas.

Austria introdujo en 2010 un ingreso mínimo, que sustituyó los diferentes sistemas de ayuda que había hasta entonces en cada región. La condición para recibir este subsidio es no tener ningún otro tipo de ingresos, propiedades (con excepción de la vivienda en uso) o ahorros por encima de 4.500 euros.

La ayuda consiste actualmente de una paga máxima de 917,35 euros mensuales para personas que viven solas y de 1.375 euros mensuales para parejas sin hijos. En el caso de las familias, se desembolsa una ayuda adicional por cada hijo, que oscilas entre los 159 y 239 euros por mes. En 2018 recibían esta ayuda unas 310.700 personas.

En Bélgica existe un subsidio básico que puede ser de entre 639,27 y 1.291,51 euros por mes, dependiendo de diferentes condiciones, como si quien lo solicita tiene niños a su cargo.

Holanda tiene un ingreso mínimo social por individuo o familia, con una cantidad estándar que se ajusta cada seis meses, en base al 50% del salario mínimo establecido para mayores de 22 años, y del 55% para los jóvenes de 21 años. El salario mínimo por pareja es de 1.653 euros y de 1.219 euros por individuo.

En Grecia existe el ingreso mínimo vital. Para acceder a esta ayuda se deben tener unos ingresos extremadamente bajos o ninguno en absoluto. Una unidad doméstica compuesta por un sólo adulto debe ganar menos de 2.400 euros al año para poder solicitarlo.

El ingreso mínimo que un beneficiario puede recibir es de 200 euros al mes, que aumenta en 100 euros mensuales por cada miembro adicional de la unidad familiar. Actualmente, unas 450.000 personas reciben este beneficio.

En la República de Irlanda no existe un ingreso mínimo vital, aunque el sistema de bienestar social ofrece dos tipos de pagos para las personas con los ingresos más bajos o sin empleo.

Los «Pagos de Seguro Social» se conceden a aquellos que han perdido su trabajo y cumplen determinadas condiciones respecto a sus contribuciones a la seguridad social. La cantidad y duración máxima es de 203 euros semanales.

Los «Pagos según Medios» se conceden a aquellos que no han efectuado suficientes contribuciones a la seguridad social o han agotado los «Pagos de Seguro Social» y la cantidad depende de una evaluación de todas las fuentes de ingresos del hogar, que incluye las de las otras personas que vivan bajo el mismo techo. Este pago tiene un máximo de 203 euros semanales, pero puede complementarse con otras ayudas (tarjeta de sanidad gratuita, ayuda del alquiler, etcétera), y aunque tiene carácter indefinido, las autoridades pueden obligar al beneficiario a asistir a cursos de formación o a aceptar determinados empleos.

Tanto en los mencionados países europeos, como en los principales foros de discusión económica global, no es repentina pero sí envigorizada por los efectos de la pandemia la idea de establecer un Ingreso Universal Básico, algo de lo que se estaría además analizando en territorio argentino, con especial énfasis en la cúpula del Congreso de la Nación.

La posible instrumentación, tanto en su racionalidad fiscal como macroeconómica, todavía no queda del todo clara, pero fortalecer la asistencia es claramente una idea que suena fuerte. Habría que pensar cómo evitar que esa asistencia no solo sustente sino que limite un (infra)consumo, sin aumentar la pobreza pero consolidándola.

Por otra parte, una pregunta que cabe hacerse es si en los países europeos, como en Argentina, muchos de los beneficiados por la asistencia para el pago de salarios (en especial los empresarios de mayor porte) no la gastan en el país sino que la llevan al extranjero. Falta de confianza en la moneda, falta de patriotismo monetario, por la razón que fuera pero la plata se va y mientras las necesidades cada vez son más.