Manifestantes que protestan contra el golpe de Estado militar del mes pasado en Myanmar volvieron a salir este jueves a las calles y la ONU exigió a la Junta «dejar de asesinar», un día después de la muerte de 38 personas en la jornada de represión más sangrienta.

Desde Ginebra, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina estima que al menos 54 manifestantes fueron muertos y más de 1.700 detenidos desde el 1 de febrero, cuando los militares tomaron el poder.

El Ejército «debe dejar de asesinar a los manifestantes», agregó Bachelet en un comunicado.

En Myanmar, horas antes, pequeños grupos de manifestantes se congregaron en Yangón, la capital económica, protegidos detrás de barricadas construidas con viejos neumáticos, ladrillos, sacos de arena, bambú y alambre de púas.

«Estamos unidos», corearon los manifestantes.

Una muchedumbre se congregó también en Mandalay, segunda ciudad de Myanmar, la antigua Birmania, para los funerales de una joven de 19 años, muerta la víspera.

«No habrá perdón», cantaba la multitud, reunida en torno a un féretro cubierto de flores, informó la agencia de noticias AFP.

El Ejército parece determinado a aplastar la revuelta iniciada tras el golpe de Estado, que derrocó el Gobierno civil de la líder Aung San Suu Kyi y puso fin a una débil transición a la democracia tras medio siglo de dictadura.

Ayer, fuerzas de seguridad dispararon munición real en varias ciudades para dispersar las manifestaciones prodemocracia. Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron a manifestantes cubiertos de sangre y heridos de bala en la cabeza.

Al menos 38 personas perdieron la vida, según la emisaria de la ONU para Myanmar, la suiza Christine Schraner Burgener.

«Es odioso que las fuerzas de seguridad disparen munición real contra manifestantes pacíficos en todo el país», dijo hoy Bachelet.

«Estoy consternada también por los ataques registrados contra el personal médico de los servicios de emergencia y las ambulancias que intentan socorrer a las personas heridas», agregó en su comunicado.

La ONG Save The Children dijo que, entre los más de 50 muertos, hubo cuatro menores, entre ellos un adolescente de 14 años.

La violencia de ayer volvió a suscitar la condena internacional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a la «suspensión inmediata de la represión» y el Departamento de Estado norteamericano se dijo «horrorizado e indignado» por la violencia e instó a China a «ejercer su influencia» con los generales.

China y Rusia, aliados tradicionales del Ejército birmano en Naciones Unidas, no han condenado el golpe, al considerar que la crisis es un «asunto interno» del país.

El Reino Unido solicitó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para mañana.

Schraner Burgener habló con la Junta para advertirla de que Naciones Unidas «podría adoptar medidas importantes», para tratar de poner fin a la violencia.

También propuso viajar a Myanmar, pero el Ejército respondió que era bienvenida, pero «no ahora».

La represión también tiene lugar en el terreno judicial.

Suu Kyi, de 75 años, sigue detenida en un lugar secreto por el Ejército, acusada de cuatro delitos, entre ellos, «incitación a los disturbios públicos». El expresidente Win Myint está acusado, por su parte, de violar la Constitución.

Seis periodistas birmanos, entre ellos un fotógrafo de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), se encuentran detenidos.

Están acusados de «propagar el miedo entre la población, difundir informaciones falsas (…) o incitar a los empleados del gobierno a la desobediencia», y podrán recibir una condena de hasta tres años de cárcel.

Los militares ya reprimieron con sangre las últimas revueltas populares de 1988 y 2007.

El Ejército, que rechaza los resultados de las elecciones de noviembre pasado, en las que ganó por mayoría aplastante el partido de Suu Kyi, ha prometido una nueva elección, sin ofrecer fechas.