El Parlamento de Nicaragua designó hoy a cinco miembros de la Comisión de la Verdad que investigará las muertes registradas durante la protesta estudiantil que estalló el 17 de abril en repudio a una reforma a la seguridad social impulsada por Daniel Ortega, y que dejó al menos 45 muertos, aunque hay estimaciones que hablan de 63 víctimas mortales.
La propuesta, presentada por el presidente de la Asamblea Nacional -órgano unicameral-, el diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, Gustavo Porras, recibió el aval de 74 votos a favor y una sola abstención.
Los integrantes designados son la ex diputada del Frente Sandinista Mirna Cunningham, el sacerdote católico Uriel Molina Oliú, el abogado constitucionalista y analista Cairo Amador, el ex subprocurador de los derechos humanos Adolfo Jarquín y el catedrático Francisco López, informó la agencia de noticias DPA.
Los nombramientos llegan un día después de que los líderes del Movimiento Universitario 19 de Abril cuestionaran la ausencia de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en laComisión de la Verdad.
Sin embargo, hasta el momento, las designaciones no agotan las demandas de los estudiantes.
«El Estado de Nicaragua debe invitar, en no más de cuatro días, a la CIDH y a los relatores para temas de derechos humanos de la ONU para formar parte de la comisión de la verdad», solicitaron ayer en un comunicado conjunto la Alianza Universitaria Nicaragüense, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, y el Movimiento Universitario 19 de Abril.
Las protestas se iniciaron a mediados de abril por una reforma previsional que aumentaba los aportes mensuales de empleados y empresas, y reducía en 5 por ciento las pensiones de los jubilados.
Aunque Ortega revocó la reforma, las manifestaciones se multiplicaron debido a la violenta acción policial y de los grupos de choque del Gobierno contra los manifestantes.
La acción policial sobre los manifestantes en las protestas, que se extendieron a 14 ciudades del país, causó la muerte de al menos 45 personas y que otras 400 resultaran heridas, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El Gobierno insiste en reportar sólo diez muertos en las protestas, pese a que la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que los fallecidos fueron 63.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
