Miles de personas se concentraron esta tarde frente al Parlamento catalán y en los municipios de la región para reclamar la liberación de los miembros del gobierno regional y dirigentes soberanistas encarcelados por su rol en el proceso independentista en Cataluña.
En Barcelona, los ciudadanos extendieron la protesta durante la noche con cacerolazos en diversos barrios de la ciudad.
Las manifestaciones fueron convocadas por las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural para pedir la excarcelación de sus dirigentes y protestar contra la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ordenó hoy el ingreso a prisión sin fianza del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros del gobierno independentista destituidos.
La concentración más importante tuvo lugar en el parque de la Ciudadela de Barcelona, situado frente al edificio del Parlamento regional, que se encuentra actualmente cerrado y custodiado por efectivos de la policía regional.
Al grito de «Ni un paso atrás», «Huelga general» y «No pasarán», miles de manifestantes con pancartas pidiendo «libertad para los presos políticos» escucharon los discursos de los diferentes líderes sociales, políticos y sindicales presentes en el acto.
«Cuando se encarcela a medio gobierno, se encarcela al pueblo porque la gente lo ha votado. No permitiremos que nos callen, que nos silencien, vamos a seguir luchando”, clamó ante la multitud uno dirigente de una organización social independentista desde el escenario, presidido por una gran «estelada», la bandera independentista.
En la plaza, sumida en la oscuridad de la noche, se respiraba un ambiente tranquilo, pero la tristeza y la indignación podían leerse en la cara de los participantes, golpeados por la intervención de la autonomía de Cataluña dictada por el gobierno del presidente de Mariano Rajoy.
“Fue un golpe muy duro, pero también nos hace más fuertes. Vamos a seguir luchando en un ambiente de paz», dijo a Télam Marina Cañadas, una votante del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La mujer, de 34 años, considera que la mejor resistencia es «salir a votar masivamente» en las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español para salir de la crisis.
«Van a volver a ganar los independentistas y más gente se va sumar a nuestro reclamo de negociación no por querer la independencia, sino por rechazar la postura del gobierno español», defendió.
Sin embargo, los comicios regionales generan opiniones dispares entre los defensores de la independencia.
Para Alexis Camacho, de 25 años, participar en las elecciones sería «legitimar la intervención de Cataluña», aunque también entiende que la situación es compleja y las estrategias cambian cada día.
«Existe una desconexión del Estado español, sobre todo espiritual. Hay que seguir avanzando en la construcción de la República, es algo que ya se votó varias veces», argumentó el joven, quien teme la pronta prohibición de las protestas callejeras.
Tras cantar «Els Segadors», el himno de Cataluña, los manifestantes cerraron el acto con vítores y cánticos de «independencia».
También esta mañana centenares de personas participaron de las «paradas», convocadas por las organizaciones independentistas ante los centros de trabajo y en plazas de Cataluña, en apoyo a los miembros del destituido gobierno catalán que declararon hoy ante la Justicia en Madrid por delitos de rebelión, sedición y malversación por haber impulsado un plan de secesión de la norteña región de España.
Las más importantes las que tuvieron lugar fuera de Barcelona, en algunas ciudades que son «feudos» secesionistas.
Con carteles con los lemas «Libertad» o «Los queremos en casa», los concentrados también reclamaron la libertad de los presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural.
Los activistas Jordi Sánchez, de ANC, y Jordi Cuixart, de Òmniun Cultural, fueron encarcelados a mediados de octubre en el marco de una causa por sedición en la Audiencia Nacional de España en relación con la celebración del referéndum del 1 de octubre, que había sido declarado ilegal.
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