Unos 200.000 manifestantes tomaron las calles de toda Francia el jueves en un enfrentamiento entre los sindicatos y el presidente Emmanuel Macron que podría ser decisivo para su agenda reformista.

Siete sindicatos de funcionarios encabezaron la protesta, mientras un tercio de los ferroviarios dejaba sus puestos de trabajo para unirse a la protesta contra el proyecto de Macron de reformar la compañía pública de ferrocarriles SNCF.

Unas 198.000 personas desfilaron en todo el país, según datos de la policía, 49.000 de ellas en París. El sindicato CGT, el mayor en el sector público, estimó la participación total en más de medio millón.

Según datos de la empresa pública de ferrocarriles, que cada día transporta a tres millones y medio de pasajeros, 40% de los trenes de alta velocidad y 25% de los trenes de medio recorrido circulaban el jueves en Francia, donde se registraron también perturbaciones en vuelos, escuelas, guarderías, bibliotecas y otros servicios públicos como la recogida de basuras.

La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en el centro de París durante choques esporádicos con grupos de estudiantes que parecían haber sido infiltrados por anarquistas. Al menos una ventana de una oficina resultó rota y se prendió fuego a un automóvil.

«Destruir los servicios públicos»

Pero, mientras en algunas zonas el transporte se convirtió en una pesadilla, especialmente para los trabajadores procedentes de los suburbios, el impacto de las huelgas fue bajo respecto a los estándares históricos de Francia.
Baptiste Colin, un estudiante de ingeniería de 22 años que protestaba en la capital, acusó al gobierno de querer «destruir los servicios públicos».

Es un sentimiento con el que coincidía Marine Bruneau, empleada municipal: «Parece que piensan que en Francia (…) el sector privado puede hacerlo todo y no necesitamos a funcionarios como yo. Pero Francia nos necesita. Si no estamos, el país no va bien».

Las protestas organizadas el jueves en grandes ciudades como Marsella o Lyon reunieron a decenas de miles de personas, pero fueron menores que las protestas previas contra las reformas laborales impuestas por Macron el año pasado.

La fecha del 22 de marzo fue elegida deliberadamente para coincidir con la protestas de 1968 que desembocó en las históricas movilizaciones de mayo de ese año.

«Transformar» el país 

Macron, de 40 años, elegido en mayo tras un fulgurante ascenso que transformó el paisaje político del país, había prometido amplias reformas.

«Francia no es un país reformable. Muchos lo han intentando y no lo lograron, ya que los franceses odian las reformas», dijo en agosto, afirmando que lo que busca es «transformar» el país «en profundidad para que encuentre el destino que le corresponde».

Desde entonces, emprendió una serie de reformas laborales que incluyen un plan para la supresión de 120.000 puestos de trabajo en la función pública, con el objetivo de recortar el gasto estatal.

Los ferroviarios protestan por su parte contra un proyecto de reforma de la compañía nacional SNCF que incluye el fin de su estatuto laboral, ventajoso respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo en cuanto a la jubilación.

La reforma ferroviaria –un «paso» hacia la privatización de la SNCF, según algunos– se realiza además por decreto, un mecanismo más rápido que reduce los debates parlamentarios y que suscita fuertes críticas.

Algunos recuerdan todavía la masiva huelga de 1995, que fue la más importante movilización en Francia después de mayo de 1968 y que paralizó el tráfico ferroviario del país y que obligó a retroceder al gobierno de derecha que pretendía reformar el sector del transporte y las jubilaciones.

Según un sondeo divulgado el jueves, una mayoría de franceses (58%) considera la política del gobierno conforme a los compromisos de campaña de Emmanuel Macron, pero 74% califica también de injusta esa política.

Foto: Pascal Pavani/AFP PHOTO /Noticias Argentinas