Los organizadores del paro agrario por tiempo indefinido que comenzó ayer en Colombia exigieron hoy a las autoridades que desista de su postura «militar y represiva» contra los manifestantes, mientras el gobierno se declaró dispuesto a buscar una solución por la vía del diálogo.
La protesta de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular tuvo ayer su primera jornada con el resultado de una persona muerta y cuatro heridas, además de movilizaciones y bloqueos en varios puntos del país con la participación de unas 70.000 personas.
Los disturbios se produjeron en una ruta que conecta a Cali con Buenaventura, en el sudoeste del país, donde una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía atropelló y mató a Willington Quibarecama Nequirucama.
«Hemos recibido del Gobierno un tratamiento de guerra. Es evidente que no hemos contado con las garantías para el libre ejercicio de la protesta social, y la situación de derechos humanos se agrava cada vez más», dijo hoy en Bogotá el portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, en declaraciones publicadas por EFE.
Arias advirtió que la reacción de las autoridades «no puede ser» la de un Gobierno «que se precia de defender y buscar la paz».
«A pesar de este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional», advirtió.
La protesta busca poner en evidencia los incumplimientos del gobierno a un acuerdo que congeló anteriores manifestaciones en 2013 y 2014, además de los perjuicios que causa a los sectores más pobres del país la política neoliberal que, según los organizadores, sigue el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El jefe de estado dijo que será respetuoso del derecho de protesta, siempre y cuando las movilizaciones se desarrollen «dentro de la ley y no vulneren los derechos de otros colombianos».
