La Justicia Especial para la Paz liberó o canceló órdenes de detención a unos 403 ex miembros de las fuerzas públicas colombianas y se espera por la resolución de unos 1.400 casos más.

Sobre esto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo esperar «definiciones muy rápidamente» sobre otros 1.400 casos, mientras miles de ex guerrilleros presos están en huelga de hambre porque no se hace efectiva su libertad en aplicación de la Ley de Amnistía.

«Son más de 1.800 (miembros de la fuerza pública) los que se han puesto en consideración de la Secretaría General de la Justicia Especial para la Paz», declaró el ministro tras presidir un acto oficial en Bogotá, por lo que dijo que esperaba una rápida solución de otros 1.400 casos.

Asimismo, Villegas precisó que a lo largo de este año la JEP se pondrá en «funcionamiento pleno» para dar salida a todos los casos en trámite, entre los que hay, según reconoció, preguntado por la prensa, acusados de «falsos positivos», como se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros abatidos para ser premiados por sus superiores.

«No es un sistema para la impunidad, sino para la reconciliación. Los que han sido beneficiados con libertad condicionada lo han sido porque ya han cumplido condenas de por lo menos cinco años», aclaró el responsable de la cartera de Defensa.

Por su parte, Rodrigo Granda, miembro del Secretariado de las Farc, reclamó que se cumpla con la aplicación de la amnistía aprobada hace ya más de seis meses en el Congreso y que hasta ahora sólo ha beneficiado a algo más de 800 presos de los 3.400 que deberían ser liberados

Por ese motivo ya son 1.486 presos por delitos políticos y conexos los que están en huelga de hambre desde hace una semana en 23 cárceles del país, a la que se sumó Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC, y otros 1.760, se encuentran en desobediencia civil.

Pese a la urgencia en aplicar la ley de amnistía y a los reiterados llamados que han hecho diferentes organizaciones sociales y movimientos políticos, la norma está siendo sometida a a estudio por parte de la Corte Constitucional, lo que bloquea su aplicación.