La oposición en Venezuela denunció este jueves un intento de asesinar a su líder, Juan Guaidó, y un plan para “expropiar” la representación legal de sus principales partidos con el objeto de convalidar “supuestas elecciones” organizadas por el gobierno chavista.

El partido Voluntad Popular (VP), al que pertenece Guaidó, denunció que el tiroteo a camionetas que transportaban a un grupo de diputados este miércoles en inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), fue un “intento de asesinato” del dirigente a cargo de “colectivos de la dictadura de (el presidente) Nicolás Maduro”.

VP sostuvo en un comunicado que “bandas paramilitares afectas al régimen de Maduro y (el número dos del chavismo) Diosdado Cabello atacaron con piedras y armas de fuego a una caravana de vehículos donde suponían se trasaladaba el presidente de la AN y presidente encargado de la república, Juan Guaidó”.

El texto indicó que el ataque contó “con la aquiescencia de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada, quienes antes que acudir a la protección de los parlamentarios atacados se replegaron para quedar como cómplices de este atentado”.

“Afortunadamente el presidente Guaidó se trasladaba en otro vehículo, lo que frustró el intento de asesinato; no obstante, diputados que sí viajaban en la caravana estuvieron en peligro de morir ante el alevoso asalto contra los vehículos que los transportaban”, destacó el mensaje, reproducido por las agencias ANSA y Europa Press.

La mayoría opositora de la AN que encabeza Guaidó sesionó ayer por segunda vez en el año fuera del palacio legislativo, luego de que éste amaneciera rodeado de militares y un grupo de legisladores fuera baleado, según ellos, por civiles armados que responden al chavismo.

La de ayer fue la manifestación más violenta del conflicto en que la AN se halla sumida desde el 5 de enero, cuando una minoría compuesta por el bloque chavista y algunos aliados proclamó como presidente a Luis Parra y la mayoría opositora reeligió a Guaidó.

Parra fue expulsado hace poco más de un mes de Primero Justicia (PJ) -igual que más de una docena de diputados de ese y otros partidos opositores-, después de que se denunciara que un grupo de legisladores traficó influencias para favorecer a empresarios que hacen negocios con el gobierno de Maduro y aceptó sobornos para evitar la reelección de Guaidó al frente de la AN.

Precisamente Parra y los otros dos expulsados de PJ, José Brito y Conrado Pérez, solicitaron hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordene “la restitución” de sus “garantías como militantes” del partido cuyo principal referente es el ex candidato presidencial y ex gobernador Henrique Capriles.

“De forma violenta, ilegal, inconstitucional, fuimos sometidos al escarnio público y, además, expulsados, sin haber una investigación”, afirmó a periodistas Brito, quien entregó personalmente la demanda al presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, según el diario digital El Pitazo.

El diputado Ángel Medina afirmó que la presentación de Parra, Brito y Pérez formar parte de un “plan diseñado que busca acabar con la institucionalidad de la democracia en Venezuela”.

Según Medina -que además es presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino)-, el supuesto plan consiste en “expropiar” la representación legal de los principales partidos opositores para “crear un teatro de supuestas elecciones” y “fingir que existe democracia en Venezuela”.

Además de los casos de Parra, Brito y Pérez, VP expulsó a los diputados José Gregorio Noriega, Richard Arteaga y Guillermo Luces; Un Nuevo Tiempo (UNT), a Héctor Vargas, Freddy Paz y William Barrientos, y Acción Democrática (AD), a Negal Morales.

Entre los partidos menores, el opositor Copei echó de sus filas Franklyn Duarte y Manuel González, y el chavista disidente Movimiento Democracia e Inclusión, a Arkiely Perfecto.

Esta semana, Estados Unidos impuso sanciones económicas y migratorias a Parra, Brito, Pérez, Duarte, Noriega, Morales y Adolfo Superlano, quien no fue desafectado del pequeño partido Prociudadanos.