La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy «investigar y, si procede, juzgar y sancionar» la caída el viernes desde un puente de un menor tras ser empujado por un policía al finalizar una protesta, y remarcó que «preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad».

«Es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles», establece el comunicado del organismo difundido hoy.

Además, la oficina de la ONU pidió una investigación «exhaustiva» de los hechos ocurridos el viernes en el puente Pío Nono de Santiago de Chile, cuando un adolescente, de 16 años, cayó al lecho casi seco del río Mapocho desde una altura de más de siete metros tras ser empujado por un agente de fuerzas especiales, durante una nueva protesta registrada en la plaza Italia de la capital.

El joven permaneció durante varios minutos inconsciente en el lecho del río, pero la acción de otros manifestantes, que lograron descender, permitió socorrerlo, y actualmente se recupera de múltiples fracturas en la clínica Santa María.

El agente de seguridad Sebastián Zamora, de 22 años, fue detenido y puesto en prisión preventiva bajo cargos de «homicidio frustrado», y la justicia consideró que el agente empleó una fuerza desmedida que provocó la caída del menor.

Según el organismo, el caso del puente Pío Nono «se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional».

«Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas», expresó el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, citado por el periódico digital 24 Horas.

El Gobierno del conservador Sebastián Piñera condenó el hecho pero respaldó el actuar de la policía chilena, que de acuerdo con ellos modificó sus protocolos de control de las protestas sociales desde octubre del año pasado, mientras que el ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, evitó pedir la renuncia del director general de Carabineros de Chile, Mario Rozas.

En esa línea, el director para las Américas de la ONG humanitaria Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, aseguró hoy que «Carabineros es una institución que tiende a responder corporativamente».

«No existe una actitud de una plena transparencia, de facilitar las investigaciones y entregar toda la documentación y el material a las autoridades correspondientes», enfatizó.

Para Vivanco, desde la recuperación de la democracia en 1990 los distintos gobiernos se preocuparon «por aumentar la dotación y darle algunos instrumentos para el control de manifestaciones, pero no se ha hecho un esfuerzo serio por mejorar la capacitación, el entrenamiento de oficiales y suboficiales».