El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por el elevado número de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia y reclamó al presidente Ivan Duque que actúe para poner fin a este «ciclo de violencia e impunidad».
La oficina que dirige la ex presidenta chilena Michelle Bachelet tiene constancia de 107 asesinatos de activistas durante 2019 y está tratando de verificar otros 13, indicó su portavoz, Marta Hurtado, subrayando que «los ataques contra los defensores de los derechos humanos ya se habían intensificado en 2018», cuando hubo 115.
«Esta terrible tendencia no muestra descanso en 2020, con al menos diez defensores de los derechos humanos asesinados presuntamente en los trece primeros días de enero», lamentó.
Del total de asesinatos en 2019, el 98% de ellos se produjeron en municipios con economías ilícitas en los que operan grupos criminales o armados y el 86% ocurrieron en las localidades donde la tasa de pobreza está por encima de la media, añadió.
Cuatro provincias -Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá- aglutinan más de la mitad de los asesinatos, si bien se registraron en 25 provincias.
Los activistas que defienden los derechos de comunidades y grupos étnicos como indígenas o afrodescencientes han sido el principal objetivo, mientras que el asesinato de mujeres activistas se incrementó en un 50% con respecto a 2018, precisó.
«Las cifras reflejan la gravedad del problema pero ocultan las causas estructurales que sustentan la violencia contra los defensores de los derechos humanos», subrayó Hurtado, insistiendo en que todo ataque contra este colectivo «es inaceptable y constituye un asalto contra la democracia».
Según la portavoz de Bachelet, también hay otros factores que han contribuido a la situación como «la penetración de grupos criminales y armados vinculados con la economía ilícita en áreas antes controladas por las FARC», citó la agencia de noticias Europa Press.
Así las cosas, llamó al gobierno a «hacer esfuerzos arduos para evitar los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y procesar a los responsables de estas violaciones, incluidos quienes las instigan o ayudan e incitan a estas violaciones».
«Las disparidades en el disfrute de todos los derechos en particular los económicos, sociales y culturales y en especial en las zonas rurales, tienen que ser solucionadas urgentemente», concluyó.
