El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó este viernes un informe sobre la situación en Venezuela, en el que exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.

El informe, que mañana será presentado por la titular del Acnudh, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el gobierno de Venezuela, a través de sus instituciones pusieron en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes lo critican».

El documento subraya que en Venezuela hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y que en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN, legislativo unicameral), incluido su presidente, Juan Guaidó, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria.

Agrega que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 entre enero y mayo de este año, motivadas en supuesta «resistencia a la autoridad», según datos del propio gobierno chavista, reportó la agencia de noticias EFE.

El gobierno de Maduro afirmó que el informe del Acnudh “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, sostiene la autoridad gubernamental venezolana en un comunicado divulgado esta tarde por la cancillería.

La nota añade que “en gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”.

Bachelet realizó a fines de junio una visita de tres días a Venezuela, donde se entrevistó con todas las partes involucradas en la severa crisis que atraviesa el país, al término de los cuales pidió, entre otras cosas, «la liberación de los presos políticos».

Réplica oficial

“Venezuela está segura que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en Venezuela. Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina”, dijo el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo.

En su intervención en la 41° sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el representante venezolano señaló que entre las inconsistencias del informe se evidencian las 558 entrevistas realizadas de las cuales 460 fueron hechas fuera de Venezuela, aminorando “los avances de Venezuela en materia de derechos humanos e ignorando los graves impactos del criminal e ilegal bloqueo económico ejercido sobre el pueblo”.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informes anteriores”, dijo Castillo.

El diplomático venezolano aseguró que las agresiones multiformes por parte del gobierno de Estados Unidos se vienen ejecutando desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Hizo especial énfasis en los hechos del año 2002 con el sabotaje a la industria petrolera, 2015 con la imposición del bloqueo económico y financiero por parte de Estado Unidos y en 2018 con el intento de magnicidio perpetrado contra el presidente Nicolás Maduro Moros.

El bloqueo económico y financiero impide al Estado adquirir las medicinas y alimentos, afectando al pueblo venezolano. A pesar de ello, el Ejecutivo Nacional ha beneficiado a 12 millones de venezolanos con la entrega de 2 millones 600 mil viviendas, fijó un sistema de bonos para estabilizar los ingresos de la población y entrega alimentos a 6 millones de familias a través de los Clap.

«Solicitamos a la Alta Comisionada que en concordancia con las Resoluciones de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, exija el cese inmediato del bloqueo a Venezuela», expresó el viceministro Castillo, al tiempo que solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, adoptar las medidas para corregir los errores del informe en un documento en donde se aclaren y expongan los mismos.